Nueva reunión, mismo desacuerdo. Los participantes sí cambiaron, ya que a María Teresa Fernández de la Vega le sucedió Ramón Jáuregui como ministro de la Presidencia encargado de hacer entender a Bruselas el modelo de financiación de RTVE. Sin embargo, la comisaria encargada del expediente, Neelie Kroes, sigue decidida a llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE a menos que el Gobierno elimine la tasa que pagan los operadores, del 0,9% de sus ingresos. Jáuregui aseguró ayer que tal cosa no sucederá, por lo que el Gobierno está dispuesto a enfrentarse al Ejecutivo comunitario ante los jueces de Luxemburgo para que sean ellos los que decidan.

En el encuentro de ayer, Kroes volvió a repetir que la tasa se suma a lo que ya paga el sector de las telecomunicaciones por el uso del espacio radioeléctrico, una doble imposición incompatible con las leyes comunitarias, que además limitan todo impuesto a 'la cobertura de los costes de regular el sector de las telecomunicaciones'. El ministro defendió que no se grava a los teleoperadores dos veces por lo mismo, sino por 'ser los beneficiarios de la nueva distribución económica' que incluye la posibilidad de lucrarse a través de publicidad en sus propias plataformas y dispositivos, como los teléfonos móviles. Para el Gobierno, si el resto de televisiones, de titularidad privada, pagan un impuesto, las grandes empresas del sector de las telecomunicaciones deben hacer lo mismo.

Jáuregui sí se mostró dispuesto a introducir cambios en la tasa para que quede claro por qué se cobra a las teleoperadoras, muy activas en la batalla europea sobre RTVE. 'Podremos discutir el concepto, precisar técnicamente el tipo, la manera en que esto se recauda, pero son precisiones técnicas a un contenido al que el Gobierno no quiere renunciar', zanjó Jáuregui, que anunció una reunión técnica en las próximas semanas con los funcionarios de Bruselas.

¿Cómo debería cambiar el modelo para lograr el visto bueno de Kroes? 'Eliminando la tasa al sector de las telecomunicaciones', señaló una fuente de la Comisión cercana a la reunión, que aseguró que el Gobierno ha pedido al menos cuatro meses más para estudiar alternativas. Según Bruselas, el Gobierno debe presentar una reforma 'sustancial' que no plantee problemas porque, entre otros motivos, la financiación de TVE podría ser tumbada de todos modos en el tribunal tras las denuncias de afectados. Y debe hacerlo rápido, porque el Ejecutivo comunitario espera tomar una decisión 'lo antes posible'.