La legislación comunitaria aprobada el pasado jueves, que deja en manos de los gobiernos la decisión de cortar la conexión a Internet de sus ciudadanos si descargan contenidos con copyright, no tendrá consecuencias en España. Sí las tendrá, en cambio, las decisiones que tome la comisión interministerial de Industria, Cultura, Interior y Justicia, que tiene como objetivo frenar el intercambio de archivos protegidos. El debate busca la creación de un nuevo marco legal para acabar con la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en la Red.

Tanto la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, como La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, que representa a la industria cultural, han dejado claro que en España no se contemplan cortes de conexión como los que Sarkozy ha implantado en Francia, pero que no se descarta otro tipo de medidas. El abogado especializado en nuevas tecnologías Javier de la Cueva añade un factor más por el que en España sería muy difícil llevar a cabo la desconexión: 'El ciudadano tiene derecho a comunicarse con la Administración pública por Internet. Si se le corta la conexión, se le priva de un derecho que en ocasiones es una obligación'.

La responsable de la Sociedad de la Información del PSOE, Lourdes Muñoz, explicó ayer que la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información garantiza que sólo se puede restringir una web con previa autorización judicial, y contempla que sólo en cuatro excepciones podrá llevarse a cabo por una autoridad administrativa: protección del menor, salud pública, seguridad nacional y discriminación de la persona. 'El Gobierno español no va a habilitar la posibilidad de cortar las comunicaciones a los usuarios', insistió. 'En nuestro país, ni se puede bloquear Internet sin autorización judicial, ni se puede cortar el suministro a usuarios, ni se va a cambiar la ley para que sea posible', zanjó.

La decisión del Gobierno es algo requerido tanto por la industria cultural como por las operadoras agrupadas en Redtel, más cuando las conversaciones que mantenían estos dos actores finalizaron de forma irreconciliable antes del verano. Ya entonces, La Coalición había renunciado a la desconexión. Este movimiento tampoco convenció a las operadoras, que solicitaban la creación de un sistema de compra y alquiler de contenidos para el consumidor, una opción en la que ya está trabajando La Coalición.

La comisión interministerial no lo tendrá fácil. La dura negociación entre industria cultural y operadoras se ha trasladado a sus respectivos representantes ministeriales Cultura e Industria, que tratan de encontrar una solución para que sus decisiones no afecten a las compañías que ofrecen servicios de banda ancha.

El único argumento aplicable a los usuarios, y con el que González-Sinde se ha mostrado de acuerdo, es la reducción del ancho de banda a los reincidentes en la descarga. Con esta medida, el internauta podría seguir navegando y descargando archivos de tamaño reducido, pero se impediría el acceso rápido a contenidos como películas y series. Las operadoras, contrarias a esta medida, consideran casi imposible controlar el tráfico de 18 millones de internautas, a la vez que esgrimen el derecho a la privacidad. El director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo, recordaba ayer que, 'en defecto de una ley, el marco legal español no habilita para medidas intrusivas'.

El aspecto en el que más se insiste, y que satisface tanto a Cultura como a La Coalición, es la persecución de las webs de enlaces. La Coalición ya denunció ante el Ministerio las 200 páginas que, según sus estudios, son responsables del 70% de las descargas y se han convertido en millonarias al incluir enlaces a contenidos protegidos, una teoría puesta en duda por varios abogados especialistas. Todas las miradas apuntan a la comisión, que siente sobre sus hombros el peso económico y social de la creación de un nuevo marco legal que dejará descontenta a una parte de la población. El plazo marcado, antes de final de año, se relaciona con la próxima presidencia española de la Unión Europea y las presiones de asociaciones de EEUU, que acusan a España de no proteger la propiedad intelectual.

La 31ª Conferencia Internacional de Protección de Datos y Privacidad, que concluyó ayer en Madrid, ha alumbrado un acuerdo entre 50 países para el uso de los datos personales de los ciudadanos.

Según explicó el director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo, la Resolución de Madrid es “una propuesta de mínimos”. El texto no será vinculante, pero servirá como “referencia” para las empresas y para los organismos públicos en países que aún no cuentan con una legislación al respecto.