El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, hizo hoy un llamamiento a la Asamblea General de la ONU para establecer una moratoria universal sobre la aplicación de la pena de muerte.

Los ministros de Exteriores de Italia, Massimo D'Alema, y de Portugal, Luis Amado, presidieron hoy una reunión ministerial sobre la pena de muerte, destinada a ampliar el apoyo a su iniciativa para la supresión global del máximo castigo.

En la actualidad son 130 los países que han abolido la pena de muerte por la vía jurídica o no aplicándola, aunque exista en su legislación, y sólo 25 llevaron a cabo ejecuciones en 2006.

Moratinos, que interviene hoy en el debate público de la 62 Asamblea General de la ONU, señaló que una moratoria universal "supondrá un paso importantísimo en el camino hacia la desaparición total de la pena de muerte".

"No podemos olvidar que en algunos países la pena capital cuenta con el respaldo de la opinión pública", agregó en su discurso el ministro español.

Asimismo, subrayó que la condena a muerte es una "violación de los derechos humanos y su irreversibilidad la convierte en el caso más extremo de trato cruel, inhumano y degradante".

Recordó que el derecho a la vida "está íntimamente ligado a la dignidad de la persona y debe ser absolutamente inviolable".

El jefe de la diplomacia española consideró también que la ejecución de un ser humano "nunca es un acto de justicia, sino de venganza y por lo tanto un fracaso de la administración de justicia".

Señaló igualmente que ese castigo no es un elemento disuasorio para prevenir el crimen, sino un castigo cruel que legitima implícitamente el uso de la violencia.

España, que abolió con carácter general la pena capital en 1978 y en 1995 prohibió el recurso a este castigo en tiempos de guerra, forma parte del segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a la abolición de ese castigo.

Moratinos se refirió a los países que recientemente han dejado de recurrir a la máxima pena y señaló que son "progresos que se deben en gran medida al impulso pionero de la sociedad civil".

Añadió que ese activismo es "imprescindible para sacudir las conciencias de los Estados y mantener la lucha contra la pena de muerte en la agenda internacional".

"La lucha contra la pena capital no afecta sólo a un grupo de países en función de su régimen político, cultura o religión, sino que es una causa universal, como universales son los derechos humanos", agregó.

En 2006 hubo 85 Estados que proclamaron su oposición a la pena de muerte en una declaración que ya han firmado 95 países.

Moratinos consideró que durante el año que durará este 62 período de sesiones abierto este mes, el objetivo de los países ha de ser que la Asamblea General adopte una resolución que "inste a todos los Estados a establecer de inmediato una moratoria sobre las ejecuciones con vistas a la completa abolición de la pena de muerte".

Para Moratinos el establecimiento de moratorias supone una oportunidad a la "evolución de mentalidades", al tiempo que permite a los gobiernos comprobar que la suspensión de las ejecuciones no aumenta el número de delitos.

"El objetivo inmediato del establecimiento de moratorias nos sitúa a medio camino de nuestra meta: la abolición universal de la pena de muerte", agregó.