Público
Público

España queda satisfecha por el fallo del juez que ordena a Odyssey a revelar información

Publicidad
Media: 0
Votos: 0

La batalla legal sobre el tesoro extraído por el buque Odyssey y que España reclama ha experimentado un avance favorable para este país después de que un juez de Florida (EE.UU.) ordenase a la firma estadounidense que desclasifique la información pedida por el Gobierno español.

"Es una gran victoria la de hoy para España", señaló a Efe James Goold, el abogado que representa al Estado español, quien en la vista del miércoles celebrada en Tampa expresó su desacuerdo ante la información suministrada por Odyssey sobre el yacimiento submarino hallado en mayo del año pasado.

Goold explicó el miércoles a Efe que la empresa "cazatesoros", con sede en Tampa, no había "proporcionado toda la información que el tribunal le ordenó" que facilitara a España sobre el tesoro compuesto de monedas de plata y oro, valorado en más de 500 millones de dólares.

El letrado que representa a España manifestó hoy su satisfacción ante la decisión del juez que, por un lado, desecha la pretensión de Odyssey de reclamar daños y perjuicios al Gobierno español por sus "acciones" y, por otro, obliga a la empresa a "proporcionar la información adicional que se le había demandado".

Odyssey se mostró también complacida por la decisión del juez e indicó en un comunicado que la resolución "deja claro que la primera fase de los casos ha concluido y podemos ir más allá de los argumentos inválidos de España" de que "no hemos llevado el caso de forma adecuada".

"Esperamos sin duda que España haga lo mismo", acotó Melinda J. MacConnel, consejera general de Odyssey.

Respecto de la reclamación a España por daños y perjuicios, la firma estadounidense aclaró que el juez en ningún momento estableció que no tengan el derecho a una compensación por daños como resultado de las "acciones ilegales" realizadas, dijeron, por este país contra Odyssey y sus barcos.

El juez simplemente señaló que "no tenía la autoridad para conceder" las compensaciones por daños, apostilló.

En ese sentido, la empresa estadounidense explicó que la orden del tribunal apunta que si Odyssey "desclasifica rápidamente y de forma satisfactoria" la información requerida por España, no se verá obligada a emitir "ninguna hipótesis sobre la identidad de los barcos" naufragados.

Reiteró en el comunicado que ellos (Odyssey) "han cumplido siempre con las órdenes del tribunal de desclasificar de forma rápida todo lo referente al descubrimiento, y así continuarán".

En la audiencia del miércoles, Mark Pizzo, juez encargado del caso, pidió a las partes litigantes que resolvieran sus diferencias sobre las pruebas compartidas relativas al pecio hallado en aguas del Atlántico.

Fuentes del Ministerio de Cultura español precisaron hoy que estas diferencias se refieren al tipo de formato de la información que Odyssey debe entregar al Gobierno español.

Tras la vista, Odyssey indicó a Efe en un comunicado que ellos habían colaborado "plenamente y suministrado al Gobierno español la información material sobre el tesoro" requerida en enero pasado por el magistrado.

En ese sentido, apuntaron que ya obraba en manos del Estado español las coordenadas exactas del tesoro y las "listas de objetos recuperados por Odyssey", así como "numerosas fotografías y vídeos de los yacimientos arqueológicos".

Tras la decisión del juez, todo parece indicar ahora que la empresa de exploración submarina deberá desclasificar la información que solicitó España si quiere ejercer sus posibles derechos sobre el yacimiento submarino.

El 18 de mayo del año pasado, Odyssey anunció el hallazgo de un tesoro compuesto de monedas de plata y oro y objetos de valor que el Estado español reclama por ser un "cargamento extraído de un pecio de bandera española".

Odyssey ha reiterado en numerosas ocasiones que ellos han cumplido con todos los requerimientos legales sobre el tesoro descubierto en la operación denominada "Cisne negro".

El miércoles la empresa estadounidense expresó su sorpresa por el hecho de que el Gobierno español no hubiese reconocido "públicamente que ninguno de los sitios (arqueológicos) estaban localizados en aguas españolas".