El Gobierno español ha recurrido ante la Justicia europea la decisión de la Comisión Europea de declarar "ilegales" varias de las condiciones a la opa de Enel y Acciona sobre Endesa y ha pedido que se suspenda la aplicación de esa decisión hasta que haya una sentencia sobre el fondo del asunto.

El ejecutivo comunitario dictaminó en diciembre pasado que algunas de las medidas para autorizar la oferta de Enel y Acciona eran incompatibles con la normativa de la UE y, tras negarse España a retirarlas, le abrió un procedimiento de infracción.

El portavoz de Competencia del ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, indicó hoy que Bruselas ha paralizado ese procedimiento después de que España solicitara al Tribunal de Primera Instancia de la UE medidas cautelares, es decir, que no se aplique la decisión de Bruselas hasta que dictamine sobre el fondo de la cuestión.

La Comisión abrió el proceso sancionador a España en enero, con el envío de una carta de emplazamiento, a la que Madrid ya respondió.

Tras evaluar la contestación de las autoridades españolas, Bruselas debía ahora decidir si les enviaba un "dictamen motivado", segundo paso del procedimiento, previo a la denuncia ante el Tribunal de la UE.

Era previsible que la disputa por no retirar las condiciones a Enel y Acciona llegara hasta la corte con sede en Luxemburgo, igual que sucedió con las impuestas a E.ON, cuestión sobre la que hoy se pronunció el Tribunal.

En su sentencia, los jueces dictaminaron que España infringió la legislación comunitaria al no retirar las medidas a E.ON, como le había solicitado la Comisión, pero no entraron a evaluar si éstas eran o no "ilegales".

Al presentar un recurso contra la decisión de declarar las nuevas condiciones a la compra de Endesa (por Enel y Acciona) también incompatibles con la legislación comunitaria, España fuerza al Tribunal a pronunciarse sobre su capacidad de intervenir en una fusión comunitaria para defender la seguridad energética.

Según el Reglamento europeo de concentraciones, la Comisión tiene competencia exclusiva sobre esas fusiones y los Estados miembros sólo pueden prohibirlas o condicionarlas para proteger intereses distintos a la competencia.

La seguridad pública, la pluralidad de los medios y las reglas prudenciales son los únicos intereses considerados legítimos por Bruselas e incluso en esos casos las medidas deben ser proporcionadas y compatibles con las leyes europeas.

El Gobierno español argumenta que, con sus restricciones, primero a E.ON y luego a Enel y Acciona, su único objetivo es garantizar la seguridad energética nacional.