La ministra española de Agricultura, Elena Espinosa, expresó hoy su respaldo a la iniciativa europea contra la pesca ilegal y defendió que se extienda también a la comercialización de las capturas.

Espinosa, que participó hoy junto a autoridades de 40 países en la Conferencia de Alto Nivel sobre la Erradicación de la Pesca Ilegal No Declarada y no Reglamentada, declaró a EFE que España defiende también que las medidas de la Unión Europea se extiendan a nivel internacional fuera de las aguas comunitarias.

"La posición de España es de defensa total y absoluta del documento que ha elaborado la Comisión e incluso ir mas allá y no dejarlo sólo en el tema pesquero, sino llevarlo también al proceso de comercialización", manifestó.

La pesca ilegal, explicó, crea problemas a la flota española y comunitaria porque opera fuera de la normativa, puede poner en el mercado los productos mucho más baratos y está incluso fuera de la legalidad laboral.

Esas flotas causan problemas medioambientales y de recursos a largo plazo y "tenemos que trabajar todos -subrayó- para que eso se acabe definitivamente".

La ministra recordó que España siempre ha defendido la pesca sostenible y responsable y pidió que la Comisión Europea entrase en la cuestión, que calificó de compleja "porque por mucho que haga la UE si no somos capaces de sumar organizaciones internacionales, en el mundo globalizado no tendría los efectos que queremos".

Espinosa señaló que hay "terceros países no desarrollados" con pescadores en situación de economía sumergida o que explotan la pesca fuera de las normativas para consumo habitual.

"Pero no estamos hablando de eso -puntualizó- sino de flotas con banderas de determinados países que ni tienen autorización, ni respetan ninguna norma de comercialización y pueden crear graves problemas medioambientales y poner en riesgo la sostenibilidad de la pesca".

La ministra indicó que no hay cifras oficiales sobre ese fenómeno precisamente por su ilegalidad, aunque estudios de la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) calculan que supone un 30 por ciento de la actividad pesquera.

En las medidas que prepara la UE para que la pesca se realice con certificados que garanticen su legalidad, España incide en que todo el proceso se realice con sencillez, "porque de lo contrario estaríamos metiéndoles -a los pescadores- en una dinámica que podría llevarles a la perdida de competitividad".

Además la sencillez debe comprender no sólo la certificación de las capturas, observó la ministra, sino todo el proceso si se quiere llevarlo a la comercialización.

Ya hay experiencias que facilitan procedimientos simples para no crear dificultades a las flotas, aseguró, y "después de los años que llevamos trabajando en trazabilidad (seguimiento de los productos) podemos ponerlo en marcha sin que causen problemas adicionales".

La ministra puso énfasis en que la iniciativa europea contra la pesca ilegal, que de hecho ya está en práctica en los estados de la Unión, se traslade a las organizaciones regionales de pesca para que los esfuerzos comunitarios sean equivalentes en otros países.

España, recordó, tiene una larga historia de retención de buques con capturas ilegales "que hoy mayoritariamente se efectúan fuera de las aguas europeas y necesitamos que todas las aguas sean controladas de la misma forma".

En el caso de la flota española no se registran casos de pesca ilegal, salvo alguna excepción muy particular, señaló la ministra al distinguir entre una posible infracción puntual o la pesca ilegal que se produce cuando el barco no tiene ningún permiso, captura especies prohibidas o incumple de forma flagrante diversas normas.

En la conferencia de Lisboa estaban presentes varios delegados africanos, y Espinosa señaló que los países menos avanzados son conscientes de que deben cuidar sus recursos y valoran las políticas de pesca sostenible de la UE y las ayudas que reciben, como en el caso español, en ámbitos de inversiones o localización de empresas.