Esperanza en un recibo

Montserrat Cap-devila recibió un regalo poco común el día de su boda. Su padre, a quien la GuerraCivil se lo arrebató todo, sólo pudo entregarle un recibo como dote. Montserrat desconocía que los sueños e ilusiones de su familia llevaban secuestrados más de diez años en aquel papel.

Se trataba de un recibo emitido por el Banco de España en 1938, cuando Franco prohibió "la tenencia de papel moneda puesto en circulación por el enemigo" y Joan Capdevila, el padre de Montserrat, se vio obligado a entregar todo su dinero republicano, 1.265 pesetas, lo único que tenía para afrontar la larga posguerra. Joan tenía la esperanza de que algún día le sería devuelto por moneda autorizada por la dictadura. Pero no fue así.

El régimen incautó 5.300 millones de euros en dinero de la Segunda República

El recibo que Joan entregó a su hija era el comprobante de un expolio perpetrado por el régimen franquista, que obligó a miles de ciudadanos a entregar todo el dinero en efectivo que llevara el sello de la Segunda República. El dinero rojo, como lo denominaba Franco.

Montserrat tiene ya 81 años, pero sigue luchando para recibir su dote. Como ella, más de 2.000 familias conservan el mismo papel raído y amarillento. Otras muchas lo han perdido o bien ignoran que está olvidado en un cajón. Se estima que Franco incautó 3.500 millones de las pesetas republicanas (el equivalente a 5.300 millones de euros). Aquellos que aún conservan el recibo desde hace 75 años se han unido en la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (APIGF), presidida por Montserrat, y reclaman que les sea devuelto el dinero legalmente emitido que Franco les robó.

"No pedimos caridad, sólo queremos lo que es nuestro", explica Lidia Jiménez, hija de Montserrat y portavoz de APIGF. Franco enterró la democracia a base de leyes que decretaba a su merced. Prohibir "la tenencia de papel moneda puesto en circulación por el enemigo" fue una de las primeras órdenes que lanzó desde Burgos. De no acatar el decreto, de 27 de agosto de 1938 y publicado en el BOE el 17 de septiembre de ese año, la pena sería la muerte por incurrir en un delito de contrabando. Así que la sociedad civil acudió a bancos y ayuntamientos para canjear su dinero republicano por billetes autorizados por el régimen. Pero el dinero nunca les fue devuelto. "En el banco decían que cuando tuvieran suficiente papel legal en circulación retornarían la cantidad abonada, pero nunca más lo recuperaron", dice Lidia.

"Nos encontramos en la posguerra sin dinero ni comida", dice una afectada

Pese al expolio franquista, las familias lograron sobrevivir. "Nos quedamos sin nada. Mi padre tuvo que entregar 6.000 pesetas, los ahorros de toda una vida. Y nos encontramos en medio de la posguerra sin dinero ni comida", explica Conchita Oriol, de 84 años. "Pasamos mucho hambre. Mi madre se quedó sola, pero sobrevivimos gracias a la solidaridad de los vecinos", recuerda Maria Casals, de 71 años. El dinero que ahora reclaman no le hace tanta falta como entonces. "Pero nos iría muy bien porque somos muy mayores y necesitamos ayuda", concluye Conchita.

El régimen utilizó los ahorros de los ciudadanos principalmente para su financiación. "Con nuestro dinero curaron sus heridas de guerra", denuncia Germán, miembro de APIGF, que conserva un recibo de su abuelo con la cantidad de 4.000 pesetas. Con el dinero rojo se pagaron pensiones a las víctimas del bando nacional y se hicieron negocios en el extranjero, donde los billetes de la Segunda República tuvieron validez hasta 1939.

El Banco de España sigue dando validez a un decreto franquista de 1938

Franco no sólo incautó las pertenencias de los ciudadanos. También hizo lo propio con partidos políticos y sindicatos. Se hizo con su patrimonio y les despojó de sus inmuebles. Pero con la Transición y las leyes de reparación, pudieron recuperar en parte lo queun día Franco les sustrajo.

"Queremos el mismo trato que han recibido ellos. No estamos pidiendo nada que no nos pertenezca. Muchas personas están muriendo y no podrán disfrutar del dinero que un día ganaron con su trabajo y esfuerzo", recuerda Lidia. La Ley de Memoria Histórica, aprobada a instancias del Gobierno socialista en 2007, no contempla la devolución a particulares.

"Los partidos se han olvidado de la sociedad civil. Pedimos justicia social", añade Lidia. APIGF, que depende del Memorial Democrático, mantiene contactos con todos los grupos parlamentarios para que su historia llegue al Congreso. En 2009, hu-bo un primer paso a instancias de CiU y ERC, que intentaron impulsar una proposición para compensar las incautaciones franquistas. Pero PP y PSOE se opusieron.

"Si es necesario, acudiremos al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo", explica Laura Cervera, historiadora y afectada por la incautación. La desesperación ha hecho que muchas familias vuelvan al Banco deEspaña recibo en mano. "Si nos lo quitaron, que nos lo devuelvan", dice Germán. Pero la entidad se remite al decreto franquista. "¡Sorprendentemente sigue estando en vigor!", exclama Germán.

"Pensábamos que la democracia lo pondría todo en su sitio, pero nadie nos ofrece solución", lamenta Conchita. Aun así, los miembros de APIGF seguirán luchando. Y, si no, lo harán sus hijos o nietos. "Lo haremos por nuestras familias, que consiguieron criarnos pese a sufrir las constantes humillaciones del régimen franquista".