El agua será uno de los principales temas de debate en las sesiones y corrillos del Congreso a partir del próximo martes. La toma en consideración de la propuesta de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha llega a la Cámara Baja marcada por la polémica, ya que, entre otros asuntos, pone fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura en 2015.
Las Cortes castellano-manchegas aprobaron el nuevo texto por unanimidad en 2007. El PSOE desde el Gobierno regional y el PP, como único partido en la oposición, han dejado de lado sus discrepancias habituales y han escenificado la unidad en defensa de un proyecto común.

Pero esta iniciativa ha reabierto las viejas heridas entre Castilla-La Mancha y las comunidades del Levante, principales beneficiadas por el trasvase construido por el Gobierno del dictador Franco en los años sesenta.

Y es que Murcia y la Comunidad Valenciana son dos de las regiones españolas más afectadas por la sequía. Allí, PP y PSOE también se han unido en un frente común: el de ir en contra de la reforma estatutaria de los castellano-manchegos.

A principios de mes, el líder de los socialistas murcianos, Pedro Saura, presentó un informe jurídico respaldado por los conservadores en el que sostenía que el nuevo Estatuto manchego incumple “de forma grosera y flagrante el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas que hace la Constitución”.

Saura llegó a acusar al presidente castellano-manchego, el socialista José María Barreda, de “romper España” por su acérrima defensa de las competencias de su comunidad en materia de agua.

Además, el líder del PP de Murcia y presidente de la comunidad, Ramón Luis Valcárcel, ha reiterado continuamente que el texto vulnera los principios de solidaridad interterritorial establecidos en la Constitución. Valcárcel ha anunciado que, en el caso de que el Congreso dé su visto bueno a la reforma tal y como está planteada, presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Por parte del PSOE castellano manchego, será el propio Barreda el que defienda la reforma en Madrid. La líder de los conservadores de la región, María Dolores de Cospedal, ha decidido intervenir en el Senado. Cospedal ha sido atacada por sus compañeros de Murcia y la Comunidad Valenciana, que la acusan de “jugar a la ambigüedad política” por pactar el Estatuto, y a la vez, apoyar el lema del “agua para todos” desde la secretaría general del partido.

Los diputados murcianos tanto del PP como del PSOE ya han anunciado que votarán en contra del texto si se mantiene la supresión del trasvase, aunque los grupos parlamentarios todavía no han desvelado qué decisión adoptarán. El que sí se pronunció hace dos semanas fue el secretario general del PSOE en el Congreso, Ramón Jáuregui, quien avisó de que las Cortes “corregirán” el apartado sobre el trasvase.

El Estatuto castellano-manchego se convertirá así en el segundo cargado de polémica, tras el Estatut catalán.

El equipo de José Luis Rodríguez Zapatero se propuso nada más llegar al Gobierno, en 2004, impulsar el desarrollo autonómico. Así, emplazó a los Ejecutivos regionales a que presentaran en las Cortes sus respectivas propuestas de reforma de los Estatutos. Desde entonces, Cataluña, Andalucía, Baleares, Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León ya han realizado sus respectivas modificaciones. Pero todas las reformas, menos la balear, han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional por otras comunidades. En el caso de Catalunya, el nuevo Estatut también ha sido impugnado por el PP.

La propuesta de reforma del Estatuto vasco, el llamado ‘Plan Ibarretxe’, fue aprobado por el Parlamento de Euskadi en diciembre de 2004. El 1 de febrero de 2005, el texto llegaba al Congreso para su debate y posterior votación, en la que finalmente fue rechazado por la oposición de los principales partidos de las Cortes. La consulta prevista por el lehendakari, que pretendía preguntar a los vascos sobre su futuro, podría haber abierto una vía para la elaboración de una segunda reforma, pero la opinión del Tribunal Constitucional, que la consideró ilegal, cierra las puertas a una segunda propuesta. 

Un grupo de trabajo realizó un macroinforme jurídico que fue entregado a la Comisión encargada de negociar la reforma, una ponencia compuesta por PSOE, PP e IU. Los dos primeros ya han llegado a un acuerdo respecto a los principales puntos del texto, pero la formación izquierdista condiciona su apoyo al texto a que en el mismo se incluya la denominación de “nación” para Asturias y el bable como lengua cooficial de la región. La negociación entre socialistas e IU sobre la gobernabilidad de la comunidad ha provocado que el PP haya abandonado la ponencia y que la reforma haya quedado paralizada.

En Extremadura, PP y PSOE parecen ir de la mano en la reforma de su nuevo texto autonómico. Todavía se está trabajando en la configuración de la reforma estatutaria, que será fruto del esfuerzo de un grupo de expertos a los que el presidente de la región encargó la ardua tarea de comparar los artículos del Estatuto vigente con los similares de otros textos ya reformados en otras comunidades autónomas. La propuesta está pendiente de la negociación entre los dos únicos partidos de la Asamblea, pero los representantes de ambas formaciones tienen claro que el nuevo texto debe y puede “nacer del consenso”. 

En 2006, un primer texto fue aprobado por los entonces socios de Gobierno en las islas (CC y PSOE) y remitido al Congreso, que lo admitió a trámite. Sin embargo, después de que se abriera el plazo para las alegaciones, los nacionalistas canarios cambiaron de opinión y solicitaron la retirada de la propuesta de las Cortes, y lo mismo hizo el PP, su nuevo aliado en el Gobierno regional desde las elecciones de 2007. El PSOE asegura que el problema es que los nacionalistas no querían de ninguna forma una reforma de la ley electoral recogida en el primer proyecto. Ahora, los canarios tendrán que empezar de cero.

La pasada legislatura se iniciaron los movimientos para una reforma estatutaria en La Rioja. Como en otras regiones, un comité de expertos elaboró un informe con sus propuestas y el Parlamento ha creado una ponencia para debatir el informe y compararlo con otras modificaciones ya realizadas. Pero para el PP, el partido en el Gobierno, “llegar los primeros a la aprobación de la reforma no aporta nada”. Los socialistas, que pretenden que la nueva norma incorpore “nuevos derechos sociales”, denuncian que por culpa del PP “la ponencia se reúne solo dos veces al mes”. 

Existen cinco comunidades donde ni siquiera se han iniciado los trámites para reformar sus respectivos Estatutos. Se trata de Murcia, Cantabria, Madrid o Navarra y Galicia. En el caso de las tres primeras, el PSOE, IU y los partidos regionalistas sí que han exigido el inicio del debate. En Galicia se constituyó en su día una ponencia en el Parlamento autonómico, pero sus trabajos no prosperaron y ahora todo está pendiente de los resultados de las elecciones autonómicas previstas para marzo de 2009. En todo caso, PSOE, PP y BNG están de acuerdo en la necesidad de reformar su Estatuto.