"Estos diez años ya han sido una condena"

“Es como si me hubiera tocado la lotería, pero sin olvidar que he estado diez años pendiente de un juicio y en libertad provisional con cargos”, explicó ayer a Público uno de los 23 jóvenes que fueron procesados por los altercados producidos en el Rectorado de la Universidad de Sevilla, en febrero de 2002, durante una protesta contra la Ley Orgánica de Universidades (LOU).

Como adelantó ayer este periódico, todos han sido ahora absueltos por el Juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla de un delito de desórdenes públicos, otro de daños y de una falta por lesiones –una persona más está pendiente de juicio por problemas en la notificación–. Pero diez años antes, sin ser juzgados, cinco de ellos fueron incluso expulsados de la Universidad de Sevilla. “Me faltaba una asignatura para terminar la carrera de Periodismo”, añade el ahora absuelto, que prefiere no decir su nombre. Tampoco la pudo terminar en la universidad más cercana, la de Málaga. No lo aceptaron porque en su expediente constaba la expulsión.

Manuel Bernabé, que tenía 23 años cuando fue expulsado, estudiaba el último año de Pedagogía. Asegura que el Ministerio de Educación le hizo devolver las becas de sus dos últimos cursos. Ahora tiene 33 años y ha podido retomar sus estudios por fin. Al conocer la sentencia, se sintió “muy liberado”, aunque sostiene: “Estos diez años ya han sido una condena”. Echando la vista atrás recuerda “un duro linchamiento mediático” y diez años “de un gran miedo”. Del resto de los expulsados, dos se encontraban cursando el doctorado y otro estaba en el segundo curso de Biología.

Uno de los abogados de los jóvenes, Luis Ocaña, mantuvo durante el juicio que se trataron “expulsiones ejemplarizantes”. Y sustentó su afirmación en los siguientes hechos: en la protesta, que coincidió con la Junta de Gobierno que aprobaría la entrada en vigor de la polémica reforma universitaria del Gobierno de José María Aznar, participaron alrededor de un centenar de personas. Pero sólo cinco fueron expulsados.

“Eran los portavoces y rostros más conocidos del movimiento estudiantil”, expuso Ocaña. Además, los testigos, vigilantes de seguridad de la universidad, aseguraron que en ningún momento vieron quiénes cometieron los daños ocasionados y rompieron las puertas del Rectorado. Y, de hecho, la jueza que firma la sentencia, Rosa María Fernández, ve “más que deficiencias” en la identificación de los arrestados.

Sin antecedentes

Algunos medios de comunicación llegaron a relacionar a estos jóvenes con la kaleborroka. Incluso la Policía llegó a vincularlos con el  “Movimiento de Resistencia Global”, el colectivo antiglobalización. El informe de la Brigada de Información de la Policía Nacional realizado para la investigación aportaba datos sobre la actividad política y social de varios procesados. Aunque no tenían antecedentes policiales ni penales.

“Eran conocidos de manifestaciones y otras movidas de Sevilla”, aseguró durante el juicio uno de los agentes. Ese mismo año, 2002, la Brigada de Inteligencia estaba dirigida por Demetrio Cabello, quien ostenta actualmente la delegación de Seguridad del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP.

La  Universidad de Sevilla decidió ayer guardar silencio sobre la absolución. No obstante, una portavoz aseguró a este periódico que “en su día se hizo lo que el reglamento exigía”. Desde la Red de Apoyo a los estudiantes anti-LOU aseguran que la Universidad se acogió a un “decreto franquista de 1954” para expulsar a los alumnos. Durante los últimos diez años, la Red de Apoyo ha organizado multitud de actividades para recaudar dinero para hacer frente a las posibles multas.

Los abogados de los expulsados anunciaron, además, su intención de emprender acciones legales contra la Universidad por los perjuicios sufridos. Los estudiantes, por el momento, se muestran cautos. La Fiscalía podría recurrir el fallo, que no es firme.