Dos ex empleados de Alejandro Sanz acusados de exigir dinero para no divulgar asuntos personales del cantante español se declararon hoy culpables tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Estatal antes de que comenzara la selección del jurado del juicio, que ya no se celebrará.

Con el acuerdo, el cubano-americano Carlos González y su esposa, Sylvia Helena Alzate, de origen colombiano, eludieron el proceso judicial y afrontan ahora una leve sentencia.

González y Alzate se enfrentaban a un máximo de 50 años de prisión y un máximo de quince años, respectivamente, y ahora deberán cumplir una condena de dos años de libertad condicional cada uno.

El acuerdo establece que no quedará registro de sus antecedentes penales. La pareja, por su parte, tiene prohibido hablar sobre el caso y debe mantenerse alejada del artista madrileño y de su familia.

Los acusados y los fiscales Michael Von Zamft y Alicia García firmarán mañana, martes, ante el juez Israel Reyes encargado del caso un acuerdo de confidencialidad.

Ambos enfrentan también la posibilidad de ser deportados una vez que cumplan la sentencia.

La pareja aceptó declararse culpable minutos antes de que entrasen al tribunal las 45 personas convocadas para la selección del jurado del juicio en su contra al que debía comparecer la víctima: Alejandro Sánchez Pizarro, nombre real del cantante.

González afrontaba dos cargos adicionales: robo en mayor cuantía en primer grado y otro por ofensas contra usuarios de computadoras.

Estos dos cargos fueron presentados por los fiscales el pasado viernes.

En enero de 2007 el cubano-americano, además de chantaje, afrontaba tres cargos de robo en mayor cuantía sólo en segundo y tercer grado, pero en mayo de ese mismo año los fiscales retiraron estas acusaciones.

González, quien compareció hoy al tribunal con traje negro y corbata amarilla en vez del uniforme naranja de prisionero, saldrá mañana en libertad condicional.

El acusado está detenido desde febrero pasado por violar la libertad bajo fianza otorgada en diciembre del 2006, al haber viajado a España sin autorización del juez para conceder una entrevista a un canal de televisión.

La pareja, que antes del acuerdo había proclamado su inocencia, estaba acusada de un cargo de extorsión por exigir supuestamente 500.000 dólares al intérprete de "Corazón partío" para no divulgar a un medio de comunicación de España algunos de sus asuntos personales.

Los dos trabajaron como mayordomos durante seis años para Sanz en su residencia en North Bay Road, en Miami Beach.

El caso estalló en diciembre del 2006 y el cantante español días después hizo público un comunicado en el que informaba de que tenía un hijo con la puertorriqueña Valeria Rivera.

Sanz es padre también de una niña nacida el 28 de julio del 2004 de su relación con la modelo mexicana Jaydy Mitchel.

Una de las pruebas en poder de la Fiscalía Estatal es la grabación de una conversación telefónica, en español, entre González y Juan Ramón Ramírez, quien trabajaba para una compañía de Sanz en Florida, que sirvió para respaldar la orden de arresto de los acusados.

En una declaración jurada, un investigador de la Fiscalía señaló que el 5 de diciembre del 2006 un empleado de Sanz recibió una llamada de González, quien "amenazó con divulgar cierta información a medios de España y exigió 500.000 dólares" a cambio de su silencio.

Pero en la conversación, de la que Efe tiene una copia suministrada por la Fiscalía, el acusado niega que haya solicitado dinero.

Los fiscales también tienen una treinta de vídeos y fotografías contenidas en un disco compacto que afirmaron fueron copiadas de una computadora personal del intérprete de "El alma al aire" y que los tres jueces que examinaron el caso decidieron que no se divulgara el contenido para proteger la privacidad del artista.