Los ex ministros de Aznar se aferran al dinero público

Haber sido ministro de los dos gobiernos de José María Aznar es una valor añadido a la hora de elaborar un currículo y, sobre todo, a la hora de encontrar trabajo y rascar complementos salariales de los Presupuestos Generales del Estado. El PP siempre procura buscar salidas más que dignas a sus ex altos cargos si así lo desean y la lista de ex ministros del hoy presidente de FAES da prueba fehaciente de ello.

Las excepciones las constituyen nada más que cinco ex ministros de los 34 que conformaron los gabinetes de Aznar (15,7%), cuyos ingresos proceden únicamente de la actividad privada y están completamente desvinculados de la política. Es el caso de Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo, y actualmente delegado para Europa de Telefónica ; de Juan Costa, ex ministro de Ciencia y Tecnología, que abandonó la actividad pública para integrarse en 2010 en la división internacional de Ernst&Young ; de Pío Cabanillas, ex ministro Portavoz y actualmente Director General de Imagen Corporativa y Marketing Global de Acciona; de Anna Birulés, ex ministra de Ciencia y Tecnología y hoy consejera de la empresa de acero Irestal, y de Manuel Pimentel, el único ministro de Aznar (Trabajo) que dimitió y que dejó el PP en 2003 por la actividad privada editorial, literaria, histórica y cultural.

Rafael Arias-Salgado, presidente de Carrefour, fue el primero de los miembros de los Ejecutivos del PP en dar el salto al sector privado

Caso aparte es el del ex ministro de Defensa , Eduardo Serra, que a pesar de dedicarse a la consultora que tiene en Madrid (Eduardo Serra y Asociados SL), nunca se ha desvinculado de las instituciones: es miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes, del Real Patronato del Museo del Prado y vicepresidente de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), que financian, entre otras muchas, varias instituciones públicas como el ayuntamiento de Madrid (cede las instalaciones) o las universidades Complutense y Autónoma.

Por su parte, el ex ministro de Fomento de Aznar, Rafael Arias-Salgado fue de los primeros miembros de los Gobierno del PP en dar el salto a un puesto destacado en la empresa privada (presidente del Grupo Carrefour en España, compañía de origen francés que cotiza en la Bolsa de París), pero además, en junio de 2012, fue nombrado presidente no ejecutivo del World Duty Free Group (propietario de la antigua Aldeasa). A nadie del sector ha escapado el nombramiento estratégico de Arias Salgado en este grupo y en este momento, pues el concurso de Aena (Ministerio de Fomento) está a punto para decidir la concesión de los duty free (tiendas libres de impuestos) en los 48 aeropuertos españoles que gestiona Fomento. La adjudicación a World Duty Free Group supondría unos 5.000 millones de euros.

Un Consejo de Estado a medida de Rajoy

Los exmiembros del Consejo de Ministros más beneficiados hasta ahora por su incorporación a las instituciones españolas son José Manuel Romay-Beccaría -mentor político del presidente del Gobierno-, que actualmente preside el Consejo de Estado por segunda vez, tras ser interrumpida su gestión en este puesto durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. También Ana Palacio, ex ministra de Asuntos Exteriores; José María Michavila, ex de Justicia , e Isabel Tocino, ex de Medio Ambiente, se han incorporado a este órgano consultivo en marzo de 2012 como consejeros electivos, aunque en el caso de Tocino, se trata de una renovación en el puesto.

La ex ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, preside ahora el regulador de la bolsa, la CNMV

Actualmente, hay diez consejeros electivos en el Consejo de Estado, cuyo presupuesto este año ha ascendido a 10,47 millones de euros, el 77% (8,1 millones) destinados a personal. El presidente cobra unos 78.000 euros al año y los consejeros electivos no tienen un salario fijo: cobran dietas no especificadas y pueden acceder a un complemento de productividad que distribuye de forma potestativa el propio presidente conforme a su criterio y si, según la difusa ley, el consejero acredita "especial rendimiento; dedicación extraordinaria, interés e iniciativa" en su puesto de trabajo.

La ex ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, y la de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, han accedido  asimismo a puestos de relevancia como consejera en el Tribunal de Cuentas (unos 113.000 euros de sueldo), la primera, y la presidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (cerca de 150.000 euros anuales), la segunda. Por su parte, el ex ministro de Industria y de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, compatibiliza la presidencia de Vueling y su actividad en otras empresas privadas con un puesto en el Consejo de Administración del consorcio aeronáutico y de defensa EADS, participado por el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que gestiona el paquete accionarial español (un 5%)

Los titulares de Interior y de Justicia en el 11-M, Acebes y Michavila, pusieron en marcha un bufete de abogados

Otros dos beneficiados por su paso por los Consejos de Ministros de Aznar fueron Rodrigo Rato y Ángel Acebes, hasta que reventó el caso Bankia y ahora lidian con sendas imputaciones en la Audiencia Nacional. El ex vicepresidente económico llegó a ser presidente de la entidad intervenida (ganó 2,34 millones en 2011) y el ex ministro de Interior, de Justicia y de Administraciones Públicas fue consejero del Banco Financiero y de Ahorros (BFA) , la matriz de Bankia, recibiendo 163.000 euros por cinco meses trabajados. Actualmente, Rato no tiene actividad conocida y Acebes sigue ejerciendo de abogado en el despacho que él y Michavila co-fundaron en Madrid (MA Abogados) con sedes asimismo en Barcelona, Valencia, Sevilla, Palma de Mallorca y Valladolid.

Puestos menores y repetidores

Jaime Mayor Oreja, ex ministro de Interior; Pilar del Castillo, ex ministra de Educación, Cultura y Deporte; Juan Carlos Aparicio, ex ministro de Trabajo; Celia Villalobos, ex ministra de Sanidad, y Javier Arenas, ex  vicepresidente segundo y ex ministro de Presidencia, de Trabajo y de Administraciones Públicas mantienen, asimismo, sueldos institucionales en el Parlamento Europeo, en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Mayor Oreja es eurodiputado y vicepresidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo (23 escaños); Del Castillo es eurodiputada y presidenta de la European Internet Foundation, que da apoyo y asesoramiento al PP europeo en materia de redes, internet y nuevas tecnologías. Villalobos y Aparicio son diputados del Grupo Parlamentario Popular y Arenas compatibiliza un escaño en la Cámara Alta y otro en el Parlamento andaluz, además de ser vicesecretario general del PP para asuntos territoriales.

Rajoy conserva tres ministros de la época de Aznar: Montoro, Arias Cañete y Ana Pastor

Hay, además, tres ex ministros de Aznar que lo siguen siendo con Rajoy: Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, que fue el mismo departamento que ocupó con el ex presidente, al igual que Miguel Arias Cañete, hoy ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (entonces, de Agricultura, Pesca y Alimentación). Ana Pastor fue ministra de Sanidad con Aznar y hoy dirige la cartera de Fomento. Por su parte, los ex ministros de Administraciones Públicas, Jesús Posada, y de Defensa, Federico Trillo, son respectivamente, presidente del Congreso de los Diputados y embajador de España en Reino Unido, puesto al que accedió sin la carrera diplomática.

Los que podrían considerarse peor parados tras su paso por los Ministerios de Aznar son el ex vicepresidente y ex ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, y el ex ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas. El primero inició por su cuenta una nueva andadura política con el Foro Asturias en su tierra de origen. Con este partido, fue presidente de Principado durante diez meses (julio 2011-mayo 2012) y actualmente, ostenta el cargo de diputado raso en la Junta General autonómica. Por su parte, Matas se sienta actualmente en el banquillo de la Justicia, imputado por doce delitos cometidos presuntamente durante su presidencia del Gobierno las Islas Baleares: prevaricación, cohecho, malversación de caudales, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito fiscal y delito electoral.