Un exparamilitar vincula directamente a Álvaro Uribe con la creación de un bloque de las AUC

El encarcelado exparamilitar colombiano Pablo Hernán Sierra García, alias "Alberto Guerrero", acusó directamente al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) de ser el fundador de un bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a mediados de los años noventa en el departamento de Antioquia.

En aquellos años, Uribe era gobernador de ese departamento del noroeste de Colombia y, según Sierra García, desde ese cargo conformó, junto a otras personas, un grupo paramilitar en el municipio de San Roque, que posteriormente dio lugar al conocido Bloque Metro de las AUC.

Sierra García asegura esto en una entrevista grabada el pasado 19 de agosto en la prisión de Itaguí (Antioquia) con el congresista Iván Cepeda, quien hoy se la entregó a la fiscal general, Viviane Morales, antes de difundirla en una rueda de prensa.

"Los fundadores son Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe Vélez, Luis Alberto Villegas Uribe, Juan Guillermo Villegas Uribe y Santiago Gallón Henao", afirma Sierra García ante la cámara, en presencia del congresista Cepeda, quien hoy explicó que su visita a la prisión respondió a su "función de control político".

El exparamilitar nombró así al expresidente, a su hermano Santiago, al ganadero Villegas Uribe y a su hermano, Juan Guillermo, quien se desempeña como diputado regional, además de a Gallón Henao, otro ganadero encarcelado y condenado por paramilitarismo y narcotráfico, recordó Cepeda.

Alias "Alberto Guerrero" también explica en la grabación que las causas que llevaron a la conformación del Bloque Metro fue la incursión en la región de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), en cabeza de Francisco Javier Zuluaga, alias "Juan Pablo", quien entre finales de 1995 e inicios de 1996 atacó en varias ocasiones la hacienda Guacharacas, propiedad de los hermanos Uribe.

El ELN llegó a quemar la hacienda y a robar 600 cabezas de ganado y varios caballos, entre ellos "un macho de paso fino" muy apreciado por el entonces gobernador de Antioquia, relató el exparamilitar.

Durante la rueda de prensa, Cepeda agregó que después de aquellos hechos, Uribe ofreció dinero por información que condujera a la captura de "Juan Pablo", recompensa, que según consta en una sentencia presentada también hoy, "fue cobrada utilizando el nombre y documento de una persona fallecida".

En ese momento comenzaron los desplazamientos forzosos y las masacres, entre julio y octubre de 1996, perpetradas por ese grupo paramilitar, cuya "base de operaciones y reuniones era la hacienda Guacharacas", según el criminal encarcelado.

Después, en octubre de aquel año, la gobernación de Antioquia, a cuyo frente seguía Uribe, autorizó el funcionamiento de la convivir El Cóndor, dirigida por Luis Alberto Villegas Uribe.

Las convivir fueron cooperativas de seguridad privada y que se reconocen como el germen de las AUC, la organización paramilitar de extrema derecha que sembró el terror hasta su desmovilización total en 2006, ya con Uribe como presidente de la República.

El exparamilitar preso también denunció que uno de los trabajadores de Guacharacas e hijo del mayordomo de la finca de Uribe, nombrado como Juan Monsalve y quien está actualmente encarcelado por paramilitarismo y narcotráfico, fue testigo de aquellos hechos.

Por todo esto, Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), entregó toda la documentación a la fiscal Morales y exigió "investigar a Álvaro Uribe Vélez y a las otras personas involucradas que operaron en la finca y en la zona de las masacres".

También que se investigue el asesinato del comerciante Álvaro Carmona, quien al parecer compró algunas de las reses que habían sido robadas de la finca del expresidente.

"Ya es hora de que se aborde una investigación a Álvaro Uribe por acciones paramilitares y criminales", insistió Cepeda, antes de solicitar al Estado "medidas de protección" para el exparamilitar Sierra García y su familia.

Esta denuncia se une a la investigación abierta en el Congreso a Uribe por su supuesta participación en el espionaje ilegal que se llevó a cabo durante su Gobierno a magistrados, opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos.