La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) estima que el fraude que rodea al IRPF se aproxima a los 20.000 millones al año y supone, por tanto, el 1,7% del PIB. Si se suma a las calculadas recientemente en otros trabajos sobre el IVA y Sociedades, se puede afirmar que el fraude en los grandes impuestos del sistema fiscal puede situarse entre el 3,5% y el 4% del PIB, según Fedea. De esta forma, la mitad del total del fraude en los grandes impuestos se concentra en el IRPF, y dentro de este impuesto en las rentas empresariales, ya que hay poco fraude en el trabajo dependiente. Así se deduce del estudio El hueco que deja el diablo: Una estimación del fraude en el IRPF con microdatos tributarios , presentado este jueves en la sede de Fedea por el profesor de la Universidad de Zaragoza Julio López Laborda.

El estudio se ha realizado utilizando el panel de declarantes que utiliza el Instituto de Estudios Fiscales, con una muestra de 500.000 contribuyentes. Los datos corresponden al año 2008, aunque López Laborda cree que tienen cierta continuidad en el tiempo.

En concreto, Fedea ha analizado los donativos que realizan y declaran los contribuyentes, que deberían esta relacionados con la renta verdadera de cada contribuyente y no con la que se declara ni con la fuente de dicha renta. Así, si dos individuos iguales en todo declaran la misma renta, pero de procedencia distinta (una del trabajo dependiente y otra de actividades empresariales) y uno declara donativos significativamente mayores, la diferencia muestra que la renta verdadera de uno de ellos es mayor que lo que declara. Según Fedea, un razonamiento parecido se podría utilizar, por ejemplo, para las cantidades destinadas por los contribuyentes a la adquisición de su vivienda habitual.

Por tipos de rentas, Fedea estima que las rentas del trabajo dependiente se declaran totalmente y que incluso se sobredeclaran, mientas que para el resto de rentas el porcentaje de fraude va del 61% en el capital mobiliario hasta el 45,2% de las rentas empresariales que tributan en el régimen de estimación objetiva (los módulos). En medio se quedan las rentas procedentes del capital inmobiliario, con un nivel de fraude que supera el 50% (54,47%) y las rentas de empresas que tributan en el régimen de estimación directa (47,4%).

Igualmente, ha explicado que en el estudio realizado sobre el Impuesto de Sociedades, el nivel de fraude se cifra en una horquilla que va del 0,2% al 1%, unas cifras que en realidad marcan un mínimo porque sólo incluyen a las empresas con una facturación de menos de 6 millones de euros y dejan fuera a las grandes compañías.

El profesor de la Universidad de Zaragoza se ha referido también a otro estudio sobre los paraísos fiscales que revela que en el año 2013 los españoles contaban con 144.000 millones de euros en estos paraísos, la mitad en Suiza. A su parecer, si se convierte esta cantidad en fraude, se puede decir que los españoles evadieron un patrimonio de 7.400 millones en IRPF, Patrimonio y Sociedades, el 0,7% del PIB. En este contexto, Fedea cree que la lucha contra el fraude tiene que ser una prioridad para el Gobierno, aunque también se tiene que hacer de forma 'realista' y sin fiar la reducción del déficit público a este concepto.

Según López Laborda, el fraude no se va a eliminar por mucho que se multipliquen los recursos, puesto que en otros países muy eficaces en la lucha contra el fraude fiscal tienen una economía sumergida próxima al 13% de su PIB, como Alemania. A su parecer, se podría considerar ese 13% como un suelo en la lucha contra el fraude fiscal. En cualquier caso, asegura que reducir la economía sumergida del 20% actual al 13% mejoraría considerablemente los ingresos, por lo que hay que profundizar en los 'modelos de la confianza' para elevar la moral fiscal de los contribuyentes y en los 'modelos de coacción', que son los más efectivos.

En concreto, ha resaltado la importancia de tomar medidas que mejoren la asistencia al contribuyente, eleven la transparencia o favorezca la relación con la administración, y no otras como la amnistía fiscal, que tienen poco efecto recaudatorio y reducen notablemente la moral fiscal de los ciudadanos. 'Si hay más educación fiscal, habrá más moral fiscal', ha dicho López Laborda, tras reconocer, sin embargo, que esta moral puede estar disminuyendo en España en estos momentos por la corrupción o la falta de transparencia.

Sobre las medidas de coacción, ha apostado por incrementar los medios personales y materiales de la Agencia Tributaria, extender las obligaciones de información, mejorar la eficacia de las sanciones, incrementar la cooperación internacional y tomar determinadas actuaciones normativas como suprimir el sistema de módulos y el régimen especial de las pequeñas empresas en Sociedades. Según López Laborda, este tipo de regímenes incentivan determinados comportamientos empresariales y favorecen el fraude. Por ejemplo, si una empresa sabe que se le va a investigar y vigilar más si es grande que si es mediana, hará lo que sea para mantener su régimen de pequeña o mediana empresa aunque suba su facturación real.