Expertos de la UE y del FMI examinan las políticas de austeridad de Grecia

Un grupo de expertos de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) inició hoy en Atenas una inspección de las políticas de austeridad del Gobierno griego, de cuyo cumplimiento depende la entrega de nuevas ayudas, según confirmó a Efe el Ministerio de Finanzas.

Aunque la agenda de reuniones no ha sido hecha pública, fuentes del Ministerio de Finanzas heleno citadas por los diarios Kathimerini, To Vima y Ta Nea aseguran que los expertos iniciarán hoy su misión, que durará dos semanas, con una inspección de los gastos e ingresos estatales.

El grupo de expertos se reunirá hoy con el ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos.

Con la información recogida durante sus estancias en Grecia, los expertos de la UE, del Banco Central Europeo y del FMI elaborarán un informe sobre el grado de cumplimiento de las políticas de ahorro.

La eurozona y el FMI tienen previsto entregar en septiembre 8.000 millones de euros, correspondientes al sexto tramo del préstamo de 110.000 millones de euros concedido el año pasado para evitar la quiebra del país.

Las reformas estructurales y el programa de recortes y privatizaciones del Gobierno griego pretende recaudar 78.000 millones de euros hasta el año 2015.

Las privatizaciones son uno de los puntos en los que los expertos prestarán más atención, ya que su ejecución es uno de los principales requisitos de la eurozona y del FMI.

El equipo mostrará también especial atención al equilibrio entre los ingresos y los gastos estatales, un capítulo en el que se ha detectado ya este año un agujero de 4.500 millones de euros más de lo previsto hasta ahora.

El FMI considera que Grecia ha hecho mucho para reducir el déficit y lograr la consolidación fiscal, pero que aún hay mucho por hacer.

El pasado 21 de julio, los líderes de la eurozona acordaran un segundo rescate a Grecia de unos 160.000 millones de euros, de los que la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) aportarán 109.000 millones y los acreedores privados, otros 50.000 millones.