Se dedican a reclamar deudas pero no son abogados. Pululan a sus anchas detrás de lucrativas empresas con apariencia de legalidad y son famosos por ir vestidos de frac, de toreros o monjes persiguiendo a supuestos deudores. Ante las penurias de la crisis proliferan como hongos: son cobradores de morosos.

Una de estas empresas, El Monasterio del Cobro, conseguía ayer publicidad gratis al perseguir al presidente de CEOE y Grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, con sus disfraces de monjes. Aparecían como buenos samaritanos que defendían a los trabajadores de Air Comet, pidiendo el pago de sus nóminas. Sin embargo, no son los grandes magnates sus víctimas habituales, sino los desempleados y pequeños empresarios que, hundidos por la crisis, no pueden hacer frente a sus obligaciones de pago. Tampoco actúan siempre en los límites de la legalidad.

"Cobramos deudas con métodos expeditivos y de forma extrajudicial", así se anuncia Grucoex

"Cobramos deudas con métodos expeditivos y de forma extrajudicial". No es un anónimo de la mafia siciliana, aunque pudiera parecerlo. Así se anuncia en su web la empresa madrileña Grucoex SL, una sociedad que se dedica al cobro de impagos con métodos "alternativos y rápidos", dicen. Su mensaje es blanco y en botella: no hablan de ir a juicio ni de llegar a acuerdos amistosos.

No es la única en España. Detrás de nombres como El Cobrador del Frac, La Sombra del Moroso, El Buda del Moroso, El Payaso Cobrador, El Monasterio del cobro y otros similares, se esconden en algunas ocasiones actividades que van desde la persecución y la humillación pública, en unos casos, hasta directamente la amenaza y la agresión física, en otros.

El caso de La Sombra del Moroso puso en alerta a la Policía sobre estos "gestores de cobro", como se hacen llamar, y destaparon una red que había extorsionado a medio millar de personas y tenía datos de más de 9.000 empresas, según el Ministerio del Interior. En la "Operación Pilatos" se desarticularon cinco sociedades mercantiles de responsabilidad limitada que ofrecían cobertura legal a esta marca comercial con la que habían recaudado casi 2,5 millones de euros en un año.

Persecución, amenazas, humillación e incluso agresiones son algunas de sus prácticas

El fin de esta red comenzó una mañana de 2001, cuando dos empleados de La Sombra del Moroso fueron a cobrar una supuesta deuda de 18.000 euros a un vecino del cacereño pueblo de Albalá. Los dos cobradores eran José Manuel C. V. y Benjamín B. D. Encontraron a su víctima en las puertas de un bar de la localidad. Lo agarraron por el cuello, le golpearon en el vientre y le obligaron por la fuerza a entregarles las llaves de su coche y a firmar una letra de cambio de 18.000 euros. Siete años después, nueve personas de esta compañía eran condenadas a dos años de prisión por los delitos de asociación ilícita y extorsión. Hasta ese momento, según la información facilitada por la Guardia Civil, "este tipo de empresas habían gozado de cierto grado de impunidad".

El holding delictivo de La sombra del moroso fue cerrado por la Justicia ante la gravedad de los hechos. Otros como El Buda del Moroso, El Cobrador del Frac o el Torero del Moroso también han recibido sentencias condenatorias por los métodos utilizados en sus "gestiones". Muy pocos están limpios de sentencias.

Perseguir disfrazado a una persona también puede ser delito

"Estas empresas juegan a moverse en el límite de la legalidad, no es fácil pillarlos, pero a veces sobrepasan esa barrera", cuenta Gonzalo Páez, director del bufete de abogados Legal Quatro. "Y no hablamos ya de una agresión física, que es un caso obvio, sino de sus prácticas más livianas: perseguir a una persona con esa parafernalia puede llegar a ser un delito de coacción y amenazas y, en determinados casos, una vulneración del artículo 18 de la Constitución, que se refiere al derecho al honor y a la intimidad de los ciudadanos", explica.

El Cobrador del Frac seguramente sea una de las marcas más populares en el mundillo del cobro con disfraz. Hay condenas por doquier vinculadas a su firma. Por ejemplo, las audiencias provinciales de Asturias y Málaga le condenaron en sendas sentencias por sus métodos "intimidantes y vejatorios" con un modus operandi común, que se explica en las mismas: dos individuos vestidos con frac y sombrero de copa se bajan de un coche ostentosamente rotulado y, durante varios días, acuden al centro de trabajo y al domicilio de un supuesto deudor para reclamarle dinero delante de todos sus vecinos y compañeros.

Las persecuciones de El Cobrador del Frac han sido condenadas por sus métodos "intimidantes y vejatorios"

Las hazañas de El Cobrador también han llegado hasta el Tribunal Supremo, que emitió una sentencia contra Norcobro s.l (una de sus filiales, que opera con su logotipo) en la que califica algunas de sus prácticas, y de las empresas que usan métodos semejantes, como delictivas: "No deja lugar a dudas [...] sobre la intencionalidad de provocar eventualmente sobre los vecinos el rumor sobre la morosidad del destinatario". "El vejamen o acción denigratoria que estos medios descritos entrañan, atentan contra la dignidad de la persona [...] y lastiman y lesionan el honor del sujeto afectado". Acaba la sentencia del Tribunal Supremo diciendo que estas prácticas "no pueden quedar justificadas por los usos sociales y menos aún por la ley".

Contratarlos puede acarrear consecuencias legales

Desde El Cobrador del Frac dicen que llevan actuando ya 20 años, pero ninguna empresa con ese nombre aparece inscrita en el Registro Mercantil hasta noviembre del 2007. Sin embargo, su gusto por el disfraz les ha llevado a operar durante todo este tiempo con esa marca engalanada de cara al exterior, pero con otras sociedades detrás de ella. Al menos 44 sociedades están conectadas con El Cobrador del Frac a través de cargos directivos comunes. Entre ellas Norcobro, Ingescogan y Meridional de Cobros, que acumulan varias sentencias judiciales vinculadas por los tribunales directamente con El Cobrador del Frac.

La Agencia de Protección de Datos (AEPD) también ha recibido numerosas denuncias contra este tipo de gestoras. En julio de 2008 se vio obligada a emitir una resolución contra El Torero del Moroso por "una infracción grave" contra la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). En esta ocasión, según explica la resolución, El Torero del Moroso se dedicó a visitar y a llamar por teléfono "a la madre" de una de sus víctimas y a mandar diversos faxes a empresas vinculadas con los supuestos morosos, con el fin de ejercer presión para el cobro de una deuda. La AEPD ha resuelto que "ASLENGA, SL. [el disfraz mercantil bajo el que se escondía El Torero del Moroso] ha vulnerado el deber de secreto que exige la LOPD". El Torero del Moroso se vio obligado a pagar una multa de 12.000 euros por este caso.

Al preguntar a El Cobrador del Frac o a El Monasterio del Cobro sobre sus métodos, afirman que ellos son empresas serias. "Sólo perseguimos al deudor", aseguran desde El Cobrador del Frac. "Lo único que hacemos es visitarle con nuestros... uniformes", dice uno de sus responsables. La idea es que "sus vecinos o sus compañeros de trabajo sepan que debe dinero". El Monasterio del cobro lo define en su web como "hundir psicológicamente al deudor" hasta que pague. Se refieren a ello casi cariñosamente, quitándole hierro. Obviando las sentencias que declaran su "seriedad" como un elemento constituyente de infracción penal.

Las personas que recurren a este tipo de servicios son, sobre todo, pequeños empresarios y propietarios de inmuebles en alquiler a los que les deben dinero y ven en este tipo de empresas un atajo para cobrar sus adeudos, cuando no una forma de vengarse. Pero contratar a estos pintorescos gestores es un arma de doble filo que puede ser peligrosa: "Si se comete un delito, podrían tener responsabilidades judiciales como cooperadores necesarios o cómplices", asegura Páez, de Legal Quatro.

 

El Congreso estudia prohibir taxativamente estas empresas

De un tiempo a esta parte ya no pueden actuar con toda la impunidad que quisieran. Sin embargo, las leyes podrían ser más duras con estas artimañas de cobro. España es el único país de la Unión Europea (UE) que no tiene una ley reguladora de la gestión de cobro de deudas, según Pere J. Brachfield, director del Centro de Estudios de Morosología de EAE Business School. "En el resto de los países europeos y en EEUU está absoluta y específicamente prohibida la utilización de cobradores disfrazados, ya que se consideran una vulneración de los derechos de imagen e intimidad de los ciudadanos", asegura.

En EEUU y en Europa está prohibido el uso de cobradores disfrazados

La proliferación de abusos derivados de esta actividad saltó al terreno político en septiembre del año pasado. CIU presentó una Proposición No de Ley (PNL) que instaba al Gobierno a elaborar un marco jurídico para las empresas de recuperación de deudas similar al del resto de la UE. En ella se alertaba sobre las "medidas de coacción y extorsión" que imperan en estas agencias. La PNL fue aprobada por unanimidad, pero hasta el momento esa ley no ha llegado.

En España, el pasado mes de enero, los comercios vieron como, entre letras y pagarés, 416.871 efectos eran impagados, ocasionándoles un volumen de impagos de casi 750 millones de euros. En tiempos de crisis cada impago esconde una historia personal: los habrá profesionales de la picaresca; otros que no estén de acuerdo con la deuda reclamada y, los más, quienes no puedan pagar porque la crisis les ha llevado a ser presos de la quiebra o el paro. En todos los casos, según el Tribunal Supremo, lo único seguro es que en un estado de derecho quienes deben dictaminar si una persona es realmente morosa y obligar al pago de su deuda "son los Poderes Públicos".