Más allá de los indicadores macroeconómicos que también le son desfavorables, la prueba de la ruina de la Generalitat Valenciana está en la calle: es difícil no tener a alguien alrededor a quien no le afecten sus impagos. Guarderías, libreros, proveedores sanitarios, residencias de ancianos, dependientes, actores de doblaje y un largo, larguísimo etcétera de sectores denuncian que llevan meses e incluso años sin cobrar. ¿Cuál es la causa de esta situación? Según los partidos de la oposición valenciana, es clara: los años de derroche y corrupción comandados por el Gobierno autonómico del PP.

Así se lo hicieron saber ayer al presidente autonómico, Alberto Fabra, en un pleno convocado por el propio mandatario para explicar los últimos recortes anunciados, de más de mil millones de euros, de los cuales 440 se aplicarán en la sanidad pública. "Hemos dejado de ser la tierra de las flores y ahora somos la tierra de la corrupción", le espetó Enric Morera, de Compromís. "Sólo hay una razón de la quiebra", se quejó Jorge Alarte, del PSOE, "la corrupción y los 1.800 millones de euros de deuda" de las empresas públicas vinculadas a los fastos deportivos pagados con dinero público y las obras megalómanas, sumadas a la deuda que arrastra Canal 9.

La oposición acusa al PP de años de derroche e irregularidades

Fabra, sin embargo, no respondió a ninguna de estas acusaciones y obvió en sus sucesivas intervenciones todo lo referente a la presunta corrupción que salpica su partido. No aprovechó ninguna de las oportunidades que le brindaron sus adversarios políticos, que hablaron de los contratos presuntamente irregulares otorgados a la trama Gürtel o del juicio de los trajes por el que el expresident Francisco Camps se sienta estos días en el banquillo.

Fabra tampoco contestó a las acusaciones sobre derroche en grandes eventos y obras megalómanas. Ni siquiera tiró del argumentario habitual de su partido en este asunto, que consiste en alardear de los millones de euros en beneficios que trae su celebración en el caso de la Fórmula 1 hablan de más de 50 millones, pero negar sistemáticamente el detalle de los estudios que demuestran esta supuesta rentabilidad.

El president no hizo ninguna alusión a estos temas. A falta de palabras, hablaron los hechos: en la bancada del PP permanecen nueve imputados o implicados en presunta corrupción, a los que él no ha cesado ni pedido explicaciones. Fabra, en cambio, culpó de la crisis de su comunidad la primera en deuda en relación a su PIB y con compromisos de pago de 62.000 millones de euros para los próximos 50 años, según el PSOE al anterior Gobierno socialista, al que acusó de infrafinanciar al País Valencià en más de 11.000 millones. La consecuencia, afirmó, es que la comunidad ha tenido que endeudarse para garantizar servicios e infraestructuras. Fabra elogió, en cambio, al nuevo Ejecutivo del PP que, según anunció el president, anticipará al Consell 420 millones de euros para pagar a los proveedores.