Fue una de las medidas del Gobierno para intentar abrir el grifo del crédito para los autónomos y las pequeñas empresas: el facilitador financiero. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, lo presentó hace dos meses como una fórmula para lograr convencer a bancos y cajas de que concedieran la financiación del ICO que previamente habían denegado a su cliente.

Entonces, la ministra explicó que se contrataría entre 60 y 70 personas para asesorar a los empresarios que no lograban los préstamos públicos que solicitaban y para intermediar ante el banco o caja en cuestión. Ahora, cuando se ha puesto en marcha, la medida ha resultado ser una web, como confirman fuentes del ICO.

Esta página discrimina de forma automática quiénes tienen una solvencia suficiente para recibir un crédito y quiénes no. Si el usuario tiene la suerte de pasar esta primera barrera tecnológica, una empresa especializada en el análisis de riesgos contratada por el ICO se pone en contacto con el solicitante también vía telemática para reclamarle los documentos que acreditan que su petición es veraz y, posteriormente, se los envía a la entidad financiera que elige el interesado para que estudie la petición. De momento, sólo las siete entidades más grandes han aceptado participar en la iniciativa: BBVA, Banesto, Popular, Sabadell, Santander, Caja Madrid y La Caixa.

La asesoría de la que en su momento hablaba la ministra se limita, por tanto, a los consejos que un teleoperador ofrece para rellenar la solicitud por Internet y a la petición de información que hace la empresa especializada en riesgos.

Desde su puesta en marcha el 21 de diciembre, el facilitador financiero ha registrado 407 solicitudes, informó ayer el presidente del ICO, José María Ayala, informa Belén Carreño. Por el momento, no hay datos de su éxito porque la tramitación de los datos se prolonga 15 días y no ha dado tiempo a concluir ninguna petición. Tras la solicitud inicial, la página advierte de que tarda cuatro días en comunicar si se ha pasado la primera criba.

Esta medida, que al Gobierno francés no le sirvió para reanimar el crédito, tendrá un coste para los contribuyentes de 10 millones de euros.