Salvo sorpresa de última hora, hoy no se cerrarán las conversaciones para llegar a un acuerdo en materia de reforma laboral entre Gobierno, patronal y sindicatos, pero tampoco se alcanzará un pacto. La perentoria necesidad del Ejecutivo de llegar a un pacto a tres bandas ha desplazado la fecha del 31 de mayo como el límite para las negociaciones.

El sábado, los interlocutores sociales se levantaron de la mesa de negociación con sus posiciones aún más alejadas si cabe. Sin embargo, el Gobierno se niega a dar el finiquito a una reforma laboral concertada y coordinará más reuniones a lo largo de esta semana, empezando por la de hoy. La demora de los plazos ha puesto también en solfa la posibilidad de que las medidas, acordadas o decretadas, se aprueben en el Consejo de Ministros del próximo 11 de junio. Según fuentes gubernamentales, esta fecha era la tentativa con el horizonte puesto en alcanzar un pacto hoy, pero podría retrasarse una semana más a la espera de que se consuman todas las oportunidades del acuerdo. Por eso, la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, aseguraba que 'se agotará hasta el último segundo' la negociación.

El Gobierno dice que 'sólo trabaja con el escenario del acuerdo'

Desde el Gobierno comienzan a percibir que no hay una voluntad real de alcanzar un pacto ni por parte de la patronal ni de los sindicatos. Pero ninguno de los tres negociadores puede, por estrategia, levantarse el primero de la mesa. El Ejecutivo es el más interesado en llegar a un acuerdo, en una legislatura huérfana de concertación social. Los sindicatos no pueden abandonar las conversaciones, so pena de deslegitimar una posible convocatoria de huelga general provocada, precisamente, por un decreto de reforma no acordado. La patronal, por su parte, ya ha sido acusada varias veces de falta de capacidad negociadora. Sin embargo, la debilidad de Díaz Ferrán como líder de la CEOE le lleva a aspirar a un pacto que goce del reconocimiento de sus colegas empresarios. Pero ese tipo de pacto, con una rebaja de cotizaciones, no está sobre la mesa.

El Gobierno asegura que, en cualquier caso, 'sólo trabaja con el escenario de un acuerdo', y no reconoce estar preparando ningún plan B con las medidas que se podrían articular como decreto. En cualquier caso, si el Ejecutivo se ve finalmente abocado a tomar una decisión en solitario, retomará las líneas centrales del documento que remitió el pasado abril a patronal y sindicatos y que ha presidido la última tanda de negociaciones.

El pilar de la reforma, y del hipotético decretazo, es la 'contratación estable'. La reducción de la dualidad en el mercado laboral compuesto en casi un 30% por contratos temporales sin apenas protección, es la primera medida que los organismos internacionales han pedido al Ejecutivo en reiteradas ocasiones y una de las principales reclamaciones del Banco de España.

Los incentivos a la contratación estable son irrenunciables

El Ejecutivo juega con dos herramientas para conseguir el objetivo de ampliar la contratación indefinida. Por un lado, la ampliación a todos los colectivos del actual contrato de Fomento del Empleo (con indemnización por despido de 33 días), al que ahora no pueden acceder los varones de entre 30 y 45 años. Aunque al principio los sindicatos acogieron con tibieza la propuesta, ahora la consideran inaceptable.

Además, estos contratos irían siempre acompañados de un mecanismo de subvención en caso de despido improcedente que abarataría el coste para el empresario pero mantendría intacto el derecho del trabajador.

Por otro lado, y con el fin de abaratar los costes de la patronal, el Gobierno quiere fomentar el uso del despido por causas objetivas, que se compensa con 20 días por año trabajado. En la definición de este tipo de despidos han encallado la patronal y sindicatos, sobre todo por las peticiones 'extremistas' de CEOE que quiere que un amplio compendio de causas sean consideradas como motivo 'objetivo' de despido.