Las FARC comienzan a ceder en sus exigencias. El requerimiento histórico de desmilitarizar Florida y Pradera, una zona montañosa del suroeste del país con una extensión similar a Navarra, para canjear una veintena de sus prisioneros por medio millar de rebeldes encarcelados, quedó ayer convertido en papel mojado.

En un comunicado remitido al colectivo Colombianos y Colombianas por las Paz (CPP) que lidera la senadora Piedad Córdoba, el grupo guerrillero reafirma su disposición al intercambio humanitario pero por primera vez revela su deseo de no hacer del lugar de diálogo un obstáculo insalvable. 'Privilegiamos la libertad de los prisioneros en poder de las partes contendientes', señala la nota del secretario general de las FARC.

Ahora se conforman con pedir 'garantías efectivas' para los tres jefes insurgentes designados para negociar el canje: Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada y Fabián Ramírez. Respecto a la reclamación general de que liberen de manera unilateral a todos los civiles que mantienen secuestrados por motivos económicos, las FARC responden que tras consultar a todos sus frentes militares 'podemos informar que a fecha de hoy sólo tenemos nueve retenidos'.

Para uno de los receptores de la carta, el miembro del CPP Iván Cepeda, esta decisión 'abre una puerta que estaba cerrada'. Pero las dificultades siguen siendo máximas. En primer lugar porque el presidente colombiano, Álvaro Uribe, advirtió el sábado que no se sentará con los insurgentes mientras empuñen las armas.

Otra petición imposible de la guerrilla es que les devuelvan los cadáveres de sus comandantes Raúl Reyes e Iván Ríos.