FEMP pide ampliar a 10 años el plazo para devolver 5.891 millones al Estado

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha acordado por unanimidad pedir al Gobierno que aplace a diez años el pago al Estado por parte de los ayuntamientos de los 5.891 millones de euros que deben devolver al haberles salido negativas las liquidaciones de las entregas a cuenta de 2008 y 2009.

En la comunicación aprobada por la décima asamblea de la FEMP, que se celebra hoy en Madrid, se resalta la necesidad de ampliar de cinco años (los que se habían aprobado) a diez el plazo para amortizar la devolución del dinero que el Gobierno les adelantó por esos dos ejercicios.

Si esta propuesta no sale adelante, la FEMP demanda al nuevo Ejecutivo que salga de las elecciones generales del 20 de noviembre que incluya en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 una partida dentro del fondo municipal para compensar a los ayuntamientos de la pérdida de recursos por esas devoluciones.

La resolución se produce después de que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, hiciera un llamamiento a sus homólogos para que no devolvieran las liquidaciones negativas, que en el caso de su Ayuntamiento ascienden a 126 millones de euros.

Para el vicepresidente territorial del Gobierno, Manuel Chaves, la actitud de Barberá supone un llamamiento a la insumisión, por lo que ha advertido a la alcaldesa de Valencia de que puede incurrir en un acto ilegal e inconstitucional.

Los socialistas no se han pronunciado al respecto en el transcurso de la asamblea, pero han dado su apoyo a la comunicación que ya había adelantado el coordinador de Política Local del PP, Juan Manuel Moreno.

El PP cree que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hizo "una malísima previsión presupuestaria" en los ejercicios de 2008 y 2009 para "tapar el déficit y evitar pronunciar la palabra crisis", ha dicho Moreno.

Por ello, se diseñaron unos Presupuestos Generales del Estado "absolutamente erróneos", que "no acertaron y marcaron objetivos que todo el mundo económico reconoció claramente inexactos".

Unas cuentas que, según Moreno, han obligado a comunidades autónomas y ayuntamientos a tener que realizar devoluciones millonarias en tiempos de crisis.