El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha echado la culpa al PSOE por haber dejado pasar 'demasiado tiempo' antes de elaborar el 'llamado Código Penal de la democracia', que data de 1995, de forma que a día de hoy se podría haber evitado la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que anula la doctrina Parot. En aquellos años, a juicio del ministro, hubo 'tiempo más que suficiente' y los Gobiernos del PSOE podían haberlo hecho con su mayoría absoluta.

En esta línea, ha sugerido que el Código Penal se debería haber reformado los 'años de plomo' de la década de los ochenta, cuando ETA 'mataba por decenas, si no por centenas'. Sin embargo, el primer Código Penal de la democracia no llegó hasta 1995, con Juan Alberto Belloch como ministro de Interior y es más estricto con el cumplimiento íntegro de las penas y la posibilidad de redención de condena.

Mientras, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha dicho hoy que el Gobierno español 'no está contemplando, de ninguna manera, no acatar la sentencia' del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la doctrina Parot. 'Si España no acatara esta decisión, el artículo 47 del Convenio Europeo de Derechos Humanos le otorga naturaleza imperativa' a las decisiones del Tribunal de Estrasburgo y, por tanto, si España no la acata 'se tendría que salir del Consejo de Europa', ha indicado.

'Hay que acatarla', ha dicho Wert en una entrevista en Antena 3, y ha asegurado que no hacerlo 'no es algo que se esté, ni mucho menos, contemplando de ninguna manera'. Ha asegurado que el Gobierno ha hecho todo lo posible para que no se anulase la doctrina Parot pero que ahora debe acatar la decisión de Estrasburgo aunque no guste, 'y a mí no me gusta nada'.

En el ámbito de Interior, ha advertido de que 'libertad no significa impunidad' y ha puntualizado que no permitirá que los miembros de ETA que puedan ser excarcelados sean 'recibidos en sus pueblos como héroes con actos de humillación de las víctimas y enaltecimiento del terrorismo'. Eso, ha avisado, sería 'cruzar una línea roja' prohibida por la ley.

En este punto, ha recordado la reciente operación de la Guardia Civil contra Herrira, la organización encargada de esos homenajes, que tiene suspendida su actividad por dos años por decisión del juez Eloy Velasco. 'Con ese precedente vamos a estar muy atentos a que no se viole la ley y se añada ese dolor a algo que ya cuesta mucho digerir', ha advertido.