El ministro del Interior, Jorge Fernández Díez, ha asegurado hoy que ETA "hoy en día no es sólo un problema policial" sino que tiene "una dimensión política que no podemos obviar", por lo que hay que actuar con prudencia, inteligencia y eficacia.

Fernández Díez se ha expresado así en su respuesta a una interpelación de la presidenta y diputada de UPyD, Rosa Díez, en la que ha pedido al Gobierno que actúe para ilegalizar Bildu y Amaiur.

El ministro ha hecho hincapié en que "hay que saber gestionar" la nueva situación de ETA y actuar no como "cuando estaba en plena capacidad operativa, asesinando, aterrorizando y extorsionando", sino como está ahora, "diezmada", derrotada por el Estado de derecho y habiendo hecho la declaración del cese definitivo de su actividad armada.

"Tenemos que saber convertir esa derrota policial en una victoria política de todos los demócratas, no del mundo que ha jaleado el terrorismo durante todo este tiempo", ha recalcado Fernández Díaz, quien ha recalcado que el objetivo es que ETA desaparezca "sin conseguir ni una concesión política".

Tras la interpelación, fuentes del Gobierno han insistido en que instar la ilegalización de Bildu y de Amaiur mientras el Tribunal Constitucional no modifique su doctrina no sería prudente, más aun teniendo en cuenta la cercanía de las elecciones vascas, ante las que la izquierda abertzale está buscando reforzar su legitimidad.

En este sentido, han señalado que el Ministerio del Interior tiene datos que avalan que la banda terrorista ETA no cometerá ningún atentado antes de esa cita electoral.

Sobre el futuro de la iniciativa de Rosa Díez, las fuentes consultadas han asegurado que el PP no aceptará una enmienda transaccional -entre otras cosas, porque requiere el respaldo de todos los grupos y nunca se obtendría el de Amaiur- y que tampoco votará a favor de la de UPyD.

Por ello, el PP presentará una moción alternativa que tratará de negociar con el PSOE y el PNV para que sea aprobada al menos con el mismo respaldo que la que obtuvo el pasado mes de septiembre otra en la que se instaba al Gobierno a seguir vigilando a Bildu.