El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha desvelado que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha sido sometido a una investigación "ilegal" durante el anterior Gobierno socialista, cuando era ministro del Interior Antonio Camacho.

Así lo ha asegurado hoy durante su intervención en el pleno del Senado en respuesta a una pregunta del parlamentario socialista Enrique Cascallana sobre la opinión del Gobierno de la nación en relación con la consulta del 'número dos' de la presidenta regional Esperanza Aguirre al director general de la Policía sobre una supuesta investigación que se realizaba sobre su persona.

Tras negar que hubiera constancia de investigación alguna judicial o policial "regular", Fernández Díaz ha informado de que "a finales del mes de julio y principios del mes de agosto" de 2011 González fue "investigado irregularmente al margen de los protocolos establecidos".

Ha añadido que "a una autoridad policial se le ordenó que investigara de manera discreta" a González.

Esa información, según le consta por escrito al ministro, se cerró a principios de este año "sin ningún indicio de delito".

Fernández Díaz ha anunciado que su departamento va a averiguar y a exigir las responsabilidades pertinentes a quien ordenó esas investigaciones irregulares.

Según una información publicada en marzo en el diario 'El Mundo', la policía investigaba si un ático de lujo de casi 500 metros cuadrados en la Costa del Sol del que disfruta González puede ser el pago de una comisión, de acuerdo a una declaración de un testigo de la trama de corrupción Gürtel.

El vicepresidente salió al paso de esta información y tras negar que esté relacionado con la trama Gürtel aseguró que el ático no es propiedad suya, sino que es alquilado y lo paga "conforme a lo estipulado" al propietario.

González añadió que el director general de la Policía le había informado de que "no existe ninguna información, ni ninguna investigación oficial por parte de la policía", y anunció que, en el momento que se publiquen las pruebas sobre la supuesta investigación, tomaría la decisión de presentar acciones legales.