Una fibra casi imperceptible, a simple vista inofensiva, que apenas se ve y que tampoco huele es la causante de una dolorosa rutina en las plantas de Zaragoza y Beasain de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), una empresa dedicada al diseño de componentes para sistemas ferroviarios. Lleva años provocando los minutos de silencio en señal de luto que preceden a cada asamblea de trabajadores o los cuartos de hora de paro a las puertas de la fábrica que siguen a la muerte de un compañero.

Esas fibras imperceptibles, que apenas se ven y que tampoco huelen, se han llevado por delante en los últimos años a, al menos, 54 empleados de tres factorías de CAF (33 en Zaragoza, 20 en Beasain y uno en Irún), todos ellos aquejados de enfermedades pulmonares derivadas de la exposición a partículas de amianto azul, un mineral de fácil manejo y transformación muy presente en el pasado en sectores como la construcción, la industria naval o la petroquímica. De todos estos casos hay sentencia en firme, pero los sindicatos señalan que "se produjeron más muertes con anterioridad al inicio de detección de la enfermedad" y porque las denuncias comenzaron a ponerse en los últimos noventa. El último fallecido del que se tiene constancia es un hombre de 62 años que, durante 44, trabajó en la planta zaragozana de CAF, donde estuvo expuesto a las fibras de amianto. Murió a principios de julio. 

Desde los sesenta hasta finales de los ochenta, todos ellos habían trabajado en la construcción de los llamados ochomiles, una serie de coches cama que elaboraban para Renfe. Sin apenas protección (usaban guantes, pero no mascarillas) se expusieron durante años a las partículas de amianto, el mineral que se usaba como aislante entre la chapa y el interior de los vagones. "La exposición aquí fue mayor a la de los trabajadores de otros sectores porque se trabajaba en espacios cerrados, el contacto era directo", señala Gari Sancho, presidente del comité de empresa de la factoría aragonesa. Que la persona expuesta desarrolle o no un proceso cancerígeno depende de cómo caigan las partículas en los pulmones. La peor consecuencia es el mesotelioma pleural o cáncer de pleura, provocado exclusivamente por la exposición al amianto. Sin embargo, continúa Sancho, los obreros no fueron los únicos damnificados. La volatilidad de las fibras hacía que se colara en la ropa de trabajo que llevaban a casa, pudiendo provocar daños en sus parejas e hijos. 

Los obreros trabajaban sin protección en espacios cerrados

La voz de alarma la dio el órgano de representación de los trabajadores de la planta de Zaragoza a finales de los ochenta. Entonces, como sí las hay ahora, no había sentencias judiciales, pero sí la inquietud del goteo constante de la muerte de compañeros, todos aquejados de procesos pulmonares graves. "No se investigaba nada, se decía que eran viejos fumadores y punto", asegura Ricardo Badía, responsable de Salud Laboral de la Federación de Industria de CCOO Aragón.

"En 1987, cuando vimos que para el desamiantado de los vagones llegaron unos operarios vestidos como astronautas nos dimos cuenta de que aquello era peligroso de verdad. Y nos metimos de lleno en esta batalla", comenta Gari Sancho. En CAF, cuyos responsables han declinado atender las llamadas de Público.es, se dejó de trabajar con amianto en 1988. España prohibió su extracción y utilización en 2001, pero los sindicatos advierten de que los peores efectos sobre los trabajadores y su entorno están por llegar. De hecho, un estudio de la Comisión Europea señala que hasta 2025 medio millón de personas morirán en la UE a causa del amianto. De ellos, entre 40.000 y 56.000 personas lo harán en España. 

La batalla judicial

Casi siempre con el amparo de los sindicatos, trabajadores afectados por las fibras de este mineral y sus familias comenzaron una batalla paralela a la enfermedad, la de la justicia. "La primera sentencia en firme es de 1997", señala Sancho. Desde entonces, los jueces han reconocido que 53 extrabajadores más de CAF murieron como consecuencia de su exposición al amianto. No obstante, los representantes sindicales alertan de que el número de muertes puede ser mucho mayor porque hay muchos casos de fallecidos que nunca pasaron por los tribunales.

A principios de este mes, el Instituto de la Seguridad Social de Gipuzkoa puso en marcha el proceso para la mejora económica de la pensión de viudedad de la mujer de un trabajador de CAF en Irún que falleció en octubre de 2011 tras reconocer que el mesotelioma (cáncer de pleura) que causó su muerte tuvo su origen en la exposición al amianto. "El comité de CAF en Beasain comenzó a llevar los primeros casos en los ochenta. Ahora hay 20 procesos ganados", asegura Jesús Uzkudun, secretario de Salud Laboral de CCOO Esukadi. 

La primera sentencia a favor de un trabajador es de 1997 Eduardo Marzo, de 58 años, sabe bien lo que es enfrentarse a ambos procesos, el del duelo y el de la justicia. Su hermano Pablo murió hace diez años. Se le detectó una rotura de pleura (una membrana que recubre los pulmones) y, a partir de ahí, recuerda, el avance de la enfermedad fue "inexorable". Su hermano falleció con 42 años y, desde los catorce, cuando entró en CAF como aprendiz, había estado expuesto a las fibras de amianto. Un juez dictaminó que había muerto como consecuencia de una enfermedad profesional derivada de la exposición ese mineral sin medidas de seguridad. Y obligó a la empresa a indemnizar a sus hijos, que tenían entonces 10 y 18 años respectivamente, con algo más de 180.000 euros y a proporcionarle un recargo en sus prestaciones de Seguridad Social. 

Eduardo también trabaja en CAF, es soldador y también estuvo expuesto al amianto durante gran parte de su vida laboral. Ahora, sin embargo, se niega a hacerse las pruebas. "No quiero estar dándole vueltas. Vivir con esto es como si tuvieras siempre una losa encima de la cabeza", señala. 

El miedo con el que muchos se enfrentan a una enfermedad que les ha arrebatado a demasiados compañeros de faena, es lo que intentan combatir los sindicatos, que insisten en la importancia de las revisiones médicas. En la actualidad existe un protocolo de vigilancia de la salud para trabajadores afectados por el amianto en el que están inscritas unas 30.000 personas, una cifra que sindicatos y afectados consideran que está muy por debajo de la realidad. Sin embargo, los representantes de los trabajadores se quejan de que la aplicación de este protocolo no es igual en todas las comunidades autónomas. 

"La gente que ha visto morir a compañeros no quiere ir al médico", señala Badía, que solicita, asimismo, que se abra una línea de investigación para los afectados por esta enfermedad. "Muchos lo llaman el cáncer del pobre, porque no existirá en 25 años -cuando se considera que acaba el período de latencia desde su prohibición- y porque afecta a los obreros, a la clase trabajadora", lamenta este sindicalista. 

Las reivindicaciones de los sindicatos

Sin embargo, hasta que se cumpla ese tiempo de latencia, los sindicatos advierten de que las patologías derivadas del amianto pueden convertirse en una "auténtica epidemia". "Exigimos que se actualicen los protocolos de prevención y que las empresas que trabajaron con amianto faciliten datos de trabajadores que pudieron estar expuestos. Así aflorarán nuevos casos", asegura Pedro José Linares, el secretario de Salud Laboral de CCOO.

Su homóloga en UGT, Marisa Rufino, apunta a la necesidad de que se cree un fondo de compensación semipúblico que alivie a los enfermos y sus familias del trago de pasar por la vía judicial. "Reivindicamos que sea un tribunal médico el que decida y que en función de esa decisión se proporcione la indemnización", señala. Asimismo, desde UGT solicitan la declaración de enfermedad profesional para los damnificados por un mineral que ya se ha comprobado que puede ser letal.