La toma de declaración en el Juzgado de Instrucción 2 de Huécal-Overa (Almería) de los seis detenidos acusados de irregularidades urbanísticas en Zurgena ha concluido con la puesta en libertad con cargos de los empresarios Antonio López y Tomas Zurano.

López, el último en prestar declaración ante la juez Pilar Alfonso, ha sido puesto en libertad provisional sin fianza a las 18.00 horas.

Según el auto judicial al que ha accedido Efe, existen motivos para pensar que el empresario es responsable de delitos contra la ordenación del territorio y cohecho.

Como el resto de los seis supuestos implicados en la construcción en suelos rústicos de Zurgena de mil viviendas ilegales, López deberá de comparecer ante el Juzgado el día 1 de cada mes.

El letrado que representa a este empresario, Rafael Salinas, ha asegurado ante los periodistas que cuando se levante el secreto de las actuaciones solicitará el sobreseimiento de las mismas y el archivo de la causa, abierta a su juicio contra una localidad gobernada por el Partido Andalucista que se ha convertido en "víctima de la manipulación política de la Junta de Andalucía".

Salinas ha informado además de que el empresario y presidente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP), Tomás Zurano, que ha prestado declaración en quinto lugar, ha quedado también en libertad sin fianza.

En este caso, según el abogado, la juez le ha atribuido la presunta autoría de delitos de cohecho, contra la ordenación del territorio y desobediencia, al continuar con unas obras para las que se había solicitado la paralización después de que la Junta de Andalucía iniciara acciones por la vía de lo contencioso administrativo.

En esta jornada, tanto el alcalde de Zurgena, Cándido Trabalón, como su concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, ambos del PA, han quedado también en libertad sin fianza con cargos de cohecho, prevaricación y contra la ordenación del territorio.

En el mismo sentido se ha pronunciado la juez con respecto al arquitecto Francisco Salvador y al aparejador Carlos Berbel, presuntos autores de delitos de prevaricación urbanística, si bien Rafael Salinas, letrado del empresario Antonio López, ha asegurado que se les atribuye, como al resto de imputados, delitos contra la ordenación del territorio.