El Estado financia centros de ideología ultracatólica

Se dirigen sobre todo a las clases altas y a la formación de dirigentes. Apuestan por la enseñanza segregada por sexos y por el radicalismo en lo doctrinal. Estos son algunos de los objetivos de las decenas de centros educativos (en torno a un centenar) repartidos por toda España pertenecientes a algunos de los sectores más reaccionarios de la Iglesia católica (Legionarios de Cristo, Asociación Católica de Propagandistas, Comunión y Liberación, Schoenstatt y, en menor medida, el Opus Dei). Grupos que, además, están apoyados por instituciones ultracatólicas como Concapa, CECE y HazteOir.

La beligerancia contra la política educativa del Ejecutivo socialista es otra de las señales de identidad de todos estos centros: sus aulas se rebelaron contra Educación para la Ciudadanía y boicotearon la asignatura. De hecho, muchos de estos colegios todavía no reconocen la sentencia del Tribunal Supremo a favor de la materia.

Son centros muy caros y con un exigente proceso de admisión. Aunque buena parte de ellos son concertados con el Estado, es habitual que incumplan el ratio de población inmigrante. Y también el de presencia de las clases más bajas.

Los más polémicos pertenecen a la Legión de Cristo, organización que cuenta en España con diez escuelas, siendo las más conocidas las Highlands School y los colegios Everest. Esta congregación imparte doctrinas que, en algunos casos aborto, matrimonio o respeto a las leyes chocan con la legislación vigente. Sus responsables niegan que haya segregación en sus centros aunque "sí hay una educación diferenciada", matizan. "Nosotros formamos personas con criterio, es decir, les damos herramientas para que formen un criterio propio con el que aprendan a discernir por ellos mismos qué está bien y qué mal", exponen.

La otra gran punta de lanza del integrismo educativo católico la representa el CEU. Su institución madre, la Asociación Católica de Propagandistas, fue escuela de ministros franquistas y vivero de altos cargos en Gobiernos del PP.

Con menos presencia, pero similar influencia en la toma de decisiones, se encuentran Comunión y Liberación (con centros como el J. H. Newman) o Schoenstatt (al que pertenece el polémico Monte Tabor).

Un caso diferente es el de los centros vinculados al Opus Dei, que durante años fueron acusados de impartir una educación poco acorde con una sociedad libre. Sin embargo, este movimiento ha ido alejándose de la extrema derecha eclesial.

Ante tal panorama, los laicos han puesto el grito en el cielo. Hace pocos días, Europa Laica denunció el uso religioso de las escuelas públicas. La asociación recordó, por ejemplo, que algunos colegios públicos proyectan vídeos a los alumnos "que atentan contra derechos civiles y leyes aprobadas en el Parlamento". Es lo que sucedió, por ejemplo, en una escuela concertada de Logroño, donde se emitieron imágenes antiabortistas. Algo parecido ocurrió en el también concertado Monte Tabor.

Victorino Mayoral, presidente de la fundación laica Cives es muy crítico ante estas situaciones. "La educación tiene que cumplir el principio de libertad de conciencia y no se pueden destinar fondos públicos para realizar propaganda o difundir una ideología de valores que no comparte la generalidad de la sociedad, que no son constitucionales", afirma.

Mientras, Pedro Rascón, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) opina que, cuando se dan este tipo de casos, especialmente en colegios concertados, "debería "retirarse inmediatamente el concierto". Desde UGT, Carlos López, incide en la idea: "El Estado no puede ni debe financiar con dinero público este tipo de educación".