La financiación de la ayuda a la Dependencia "está garantizada" pero hay que revisar costes

(Corrige el quinto párrafo de la noticia YL3061)

El Gobierno considera que la financiación del sistema de Ayuda a la Dependencia está garantizado con el nuevo modelo de financiación autonómica aunque reconoce que "hay que seguir revisando los costes" de los programas y servicios.

Así lo ha afirmado en el Congreso de los Diputados el secretario general de Política Social y Consumo, Francisco Moza, quien ha subrayado la voluntad de seguir mejorando el sistema y la coordinación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en esta materia.

Moza ha presentado en la comisión de Sanidad y Consumo el informe sobre la implantación del sistema de Dependencia elaborado por un grupo de expertos que apuesta, entre otras cosas, por crear un nuevo impuesto sobre el patrimonio o establecer un seguro obligatorio.

En su intervención, el secretario general ha subrayado que el informe no es vinculante y que incluye "muchas recomendaciones, algunas en las que estamos todos de acuerdo, otras con las que seguro todos estamos en desacuerdo", ha dicho.

Así, Moza ha rechazado eliminar la creación de un nuevo impuesto para financiar la Dependencia, la exención del copago del gasto farmacéutico, vincular los servicios de dependencia a las pensiones, así como contemplar la financiación privada de partes del sistema como propuestas "absolutamente inasumibles".

Para Moza, el informe de los expertos es una "magnífica herramienta" para perfeccionar un sistema que "está funcionando, pero hay que evaluar y mejorar".

También ha subrayado que muchas de las recomendaciones incluidas en el informe se están estudiando o ya están aprobadas, como la inclusión de la Ayuda a la Dependencia en la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Es entonces cuando ha recordado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado mes de julio acordó un aumento de los porcentajes de impuestos que el Gobierno cede a las Comunidades Autónomas como fuente de financiación de la Dependencia, con lo que ésta "queda garantizada".

Pese a los argumentos del secretario general, los portavoces de la mayoría de los grupos parlamentarios han cuestionado la viabilidad financiera del sistema y han destacado que el grueso de los costes recae en la administración autonómica.

Así, para el PP el modelo de financiación es "inadecuado e insuficiente" en sus cifras actuales, y la imposición por parte de la Administración general del Estado de este sistema que financian en un 70 por ciento las Comunidades Autónomas es una "falta de lealtad institucional".

De hecho, CiU ha señalado que incluso los "expertos" han advertido de que el gasto generado por el sistema de dependencia se va a "disparar" del 0,6 por ciento del PIB actual al 1,5 por ciento del PIB para 2015, cuando se agosta el nivel de financiación previsto por la Ley.

"Estamos gastando mucho dinero pero no estamos garantizando la calidad ni sostenibilidad del sistema", ha lamentado el portavoz de CiU, Carles Campuzano.

Aparte de la financiación, tanto el informe de los expertos como el debate en la comisión de Sanidad y Consumo ha analizado el funcionamiento del sistema.

Así, en cuanto al sistema de valoración de las solicitudes de prestaciones y la concesión de servicios, el informe destaca la necesidad de unificar los "baremos" por los que se mide el nivel de dependencia y de mejorar su precisión por ejemplo en casos de enfermedad mental.

Los expertos también consideran necesario que la valoración la realicen profesionales y que se establezca una clara diferenciación entre el equipo de valoración y el equipo de asignación de recursos.

La mayor preocupación en este apartado son sin embargo los plazos de resolución y concesión de servicios, que actualmente pueden durar hasta un año, y la falta de un sistema homologado para la recogida de datos entre las Comunidades Autónomas.

En el apartado dedicado al análisis de los servicios y prestaciones, los expertos cuestionan también las importantes variaciones entre los servicios ofrecidos por cada Comunidad Autónoma y considera imprescindible unificar al menos las prestaciones básicas.

Cuestiona también el elevado número de prestaciones económicas que se han concedido para el cuidado en familia, cuando la Ley establece que se trata de un servicio que debe ser excepcional para potenciar la profesionalización de los cuidados.

También subraya la importancia de establecer una mayor coordinación entre los servicios sociales y los servicios sanitarios, dado que el sistema actual duplica los procedimientos y el trámite burocrático y el gasto.