La Fiscalía del Tribunal Supremo ha respondido con un sólido escrito jurídico al carpetazo que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia dio el pasado 3 de agosto a la trama valenciana del caso Gürtel. Dicho tribunal está presidido por Juan Luis de la Rúa, amigo íntimo del presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

La Fiscalía considera el archivo del caso 'prematuro', porque ni siquiera se han investigado los contratos firmados entre la Generalitat y las empresas de Francisco Correa, pese a que 'consta acreditada una contratación superior al millón de euros anuales entre la Administración pública a la que pertenecen los imputados y las empresas de los particulares que habrían dado las dádivas'.

El recurso recuerda que el proceso en el que se investigaba si Francisco Camps y otros tres dirigentes del PP valenciano habían cometido un delito de cohecho impropio, por recibir trajes de las empresas de la trama Gürtel, 'deriva de una causa enormemente compleja y en la que se ha recogido un ingente volumen de documentación de distintos registros incluida la sede de Orange Market'.

'No resulta ilógico pensar que pudieran encontrarse documentos relevantes para los hechos investigados en el proceso cuyo sobreseimiento se acuerda. Relevancia que pudiera concretarse en una diferente calificación de los hechos'. La Fiscalía entiende que ese análisis podría concluir en 'la alteración del delito que finalmente se impute' a Camps, al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; al ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos; y al ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo, Rafael Betoret.

Es decir, el recurso anuncia que, a medida que avance la investigación, es posible que de un cohecho impropio cometido por aceptar dádivas en razón de su cargo se pase a otra modalidad más grave de este delito, en la que hubieran recibido los regalos para que realizaran actos concretos, como que la filial valenciana de la trama fuera beneficiada en los concursos públicos de la Generalitat o a la hora de organizar actos para el partido.

En este sentido, explica por qué la Fiscalía no recurrió el auto de transformación del procedimiento según la ley del jurado, decisión que le reprochó el tribunal presidido por Juan Luis de la Rúa. El motivo es sencillo: dicha resolución no supone el fin de la investigación de un caso, sólo que un delito sea juzgado por un jurado popular.

El Ministerio Público confía en que el Tribunal Supremo corrija el error que cometió el TSJCV y revoque el sobreseimiento decretado en agosto.

Y no sólo porque la investigación no está, en opinión de la Fiscalía, ni mucho menos concluida. Sino también porque el tribunal valenciano realizó 'una interpretación errónea del tipo penal de cohecho, puesto que, según el artículo 426 del Código Penal, existe cohecho desde el momento en que se realiza un regalo a un funcionario público en consideración a su cargo, sin que dicha dádiva suponga la realización inmediata de ningún acto concreto por parte de este'.

Para defender este argumento, el fiscal jefe de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, repasa la jurisprudencia del Alto Tribunal en relación con este delito, incluida, en sentido contrario, la que citó el tribunal valenciano para hacer 'una derogación tácita del precepto' con el que se pretende proteger la 'confianza' de los ciudadanos en las instituciones.

Y por si las sentencias del Supremo, que será quien determine si Camps se sienta finalmente en el banquillo, no fueran suficientes, la Fiscalía repasa la legislación que castiga la entrega de regalos a funcionarios. Los códigos penales persiguen este delito desde 1848 y en la reforma que se prepara también lo está.

La respuesta del PP no se hizo esperar. Su presidente, Mariano Rajoy, acusó a la Fiscalía de 'actuar con saña y absoluta diligencia' en los asuntos que afectan a su partido y de 'mirar para otro lado' en casos como el que afecta al vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves.