El fiscal de Mayores reclama una ley integral que proteja a los ancianos

El fiscal de Mayores, Jorge Sena, reclama una ley integral para la protección de los ancianos y dependientes de edad avanzada, como se ha hecho con la violencia de género, ante las denuncias de problemas graves por incumplimiento de la Ley de Dependencia y situaciones de maltrato que llegan a la Fiscalía.

Hay un "vacío legal" en la defensa de los derechos de los mayores de 65 años, que no se da en menores ni en mujeres, en casos de violencia o desamparo, declara a Efe este fiscal, "y es un colectivo creciente y, por sus circunstancias personales, necesitado de ayuda de los poderes públicos".

Como fiscal de Sala delegado para la protección y defensa de los derechos de los mayores desde 2008, Jorge Sena Argüelles conoce a diario denuncias y quejas de estos ciudadanos y organizaciones vinculadas a ellos. El 90% de las que se tramitan -afirma- están relacionadas con la Ley de Dependencia y el resto con situaciones de maltrato en el entorno familiar o en las residencias donde viven, así como de discriminación por razón de edad.

La Ley de Dependencia es "excelente", señala el fiscal, pero tiene dos defectos: "está excesivamente burocratizada, son muchos los pasos hasta que el mayor obtiene el Programa de Atención Individual (PIA), que determina las prestaciones y servicios a percibir y, por otro lado, no está suficientemente dotada de recursos económicos".

"Al haber mucha demanda y poca dotación, va con cuentagotas", afirma, y "la lentitud y la falta de explicaciones dejan a los afectados sumidos en una incertidumbre tremenda. He recibido llamadas de personas que un año y medio después de haber sido calificadas como dependientes siguen esperando el PIA y que se determinen las ayudas", destaca.

Y cuando se prolongan los trámites para conceder las prestaciones "se atenta contra la dignidad de las personas". Uno de los derechos recogidos en la propia Ley, subraya el fiscal.

El otro problema preocupante es el de los malos tratos. Una cuestión opaca que vuelve a poner de manifiesto, en opinión de Jorge Sena, la falta de legislación específica para esos casos de violencia, que contemple como agravante la edad de la víctima.

En consecuencia, cree necesaria una ley integral para la protección de las personas mayores, con el fin de que un mismo juez pueda resolver cuestiones civiles, penales o de derecho administrativo, sean casos de maltrato físico, psicológico, estafas, abusos económicos o incumplimiento de la Ley de Dependencia, "que hoy es el caballo de batalla".

MALA VEJEZ

La cifra de mayores de 65 años se ha duplicado en los últimos 30 años -ya son más de 7,7 millones, según el padrón de 2009- y los que superan los 80 -que suman más de dos millones- se han duplicado en dos décadas. Este hecho, junto a los ciudadanos extranjeros que fijan aquí su residencia con la jubilación, convertirá a España en 2050 en el país más viejo de la UE.

Un informe del Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia, con datos de 2005 a nivel nacional, concluye que uno de cada cien mayores reconoce haber sufrido maltrato en la familia. El porcentaje aumenta según el grado de dependencia, hasta un 2,9% en los casos severos. Otras investigaciones elevan la cifra a un cuatro o cinco por ciento.

Por otro lado, cinco de cada cien cuidadores confiesan haber maltratado a una persona de edad, muchas veces porque la situación les sobrepasa.

Los abusos más frecuentes son físicos, psicológicos y económicos, éste último más frecuente en personas dependientes y con alzheimer, además de negligencias y abusos sexuales, según la autora del informe, Isabel Iborra, coordinadora científica del Centro Reina Sofía.

"Las personas mayores están olvidadas en el sistema jurídico", indica a Efe la coordinadora, pero queda mucho por hacer en otras áreas, y la mejor medida es la prevención y dotar de recursos y formación a los cuidadores para atajar el problema.

"Los servicios sociales -continúa- son muy eficaces en la detección de menores en situación de riesgo, pero me pregunto dónde está esa protección en el caso de los mayores".

En este sentido, Jorge Sena adelantó que se está elaborando un protocolo para la detección de malos tratos, con la colaboración de la asociación Afal, de familiares de enfermos de Alzheimer, y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que pretende implicar a personal sanitario, centros de acogimiento, asistentes sociales y otros colectivos en contacto con ellos.

"Lo último que quiere un mayor es irse a una residencia", asegura Isabel Iborra. Pero sólo un siete por ciento de los que tienen a cargo un anciano recibe ayuda de los servicios sociales.

En su opinión, la Ley de Dependencia ha hecho aflorar cifras de personas dependientes desconocidas. "No es que hayan aumentado, sino que esos casos ahora se declaran, y el sistema social se ha desbordado", por lo que es preciso dotar a las comunidades de recursos económicos acordes a las necesidades en futuros presupuestos.

"Si trabajan con el mismo personal y el mismo dinero, incluso menos, como consecuencia de la crisis... no se puede pretender que amplíen la protección", afirma.

FALSOS CUIDADORES

Isabel Iborra considera que los casos de maltrato siguen rodeados de un "secretismo impresionante, más palpable en el caso de los mayores".

"Ellos son muy reacios, incluso, a hablar de las situaciones de las que están siendo víctimas en el seno de la familia. Cuando los profesionales de atención primaria o ayuda social las detectan pueden hasta negarlo, porque sienten vergüenza o cierta responsabilidad", explica.

Otras veces hay una incapacidad física o intelectual para pedir ayuda y una dependencia absoluta de sus cuidadores, "porque sienten que sin ellos son incapaces de hacer las cosas más básicas de la vida".

Hay una sensación de impunidad y dificultad de hallar pruebas del maltrato que, según el fiscal Jorge Sena, impide la mayoría de las veces iniciar procedimientos judiciales.

Hay casos evidentes, que se ven físicamente, pero hay otros como las sujeciones, o ataduras en enfermos, que atentan contra su libertad y son difíciles de probar. "No dejan señales, y más si son sujeciones químicas, como un exceso de medicación, para que no den la tabarra", advierte.

Más complicado aún es probar la violencia psicológica, agrega. Los abusos económicos sí dejan huella.

En los últimos meses la Fiscalía ha tramitado una decena de denuncias contra individuos que ejercían como cuidadores y que habían accedido a las cuentas corrientes de los ancianos, generalmente sin familia y con cierta solvencia, para apropiarse de su dinero. Las situaciones han sido descubiertas cuando el mayor ha sido declarado incapacitado y tutelado por instancias públicas.