El fiscal Vicente González Mota decidió hoy pedir once año de cárcel para el dueño de Gescartera, Antonio Camacho, exculpar a su mujer Laura García-Morey y Angeles Leis, ambas empleadas de la sociedad, y elevar la posible cuantía de los daños provocados a clientes hasta los 90,15 millones de euros.

En la duodécima sesión del juicio oral, al ratificar sus escritos provisionales de calificación, la mayor parte de acusaciones secundaron la decisión del fiscal, que no presentó cargos contra García-Morey y Leis, pese a pedir anteriormente, seis años de cárcel, e incluso, a diferencia del ministerio público, rebajaron la pena pedida para la ex presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna.

Sin embargo, las acusaciones llegaron a pedir hasta 22 años de cárcel para Antonio Camacho, el número 2 de la agencia, José María Ruiz de la Serna, y el responsable de Administración y Gestión de Patrimonios (AGP), Anibal Sardón, por apropiación indebida, estafa y falsedad documental.

El fiscal, por su parte, sólo consideró los delitos de apropiación indebida y falsedad para solicitar once años de prisión para los principales imputados, que suponen tres de los doce acusados por el Ministerio Público.

Antonio Camacho y José María Ruiz de la Serna, según el fiscal, eran las personas que "actuaban coordinadamente engañando" a los clientes de Gescartera sobre el destino de sus ahorros y, además, Camacho dispuso en interés propio y de su entorno cerca de 12 millones de euros, mientras que Ruiz de la Serna supo cómo ocultar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el dinero de los clientes no se encontraba invertido en activos financieros.

Entre Camacho, su entorno familiar, Ruiz de la Serna y Sardón pudieron apropiarse de más de una cuarta parte de las aportaciones netas totales de los clientes de Gescartera, entre 1993 y 2001, cifradas en 11.559 millones de pesetas o 69,71 millones de euros.

Para Pilar Giménez Reyna, Francisco Javier Sierra de la Flor, y Miguel Angel Vicente, en su momento presidenta, apoderado, y jefe de mantenimiento de Gescartera, respectivamente, el fiscal ha solicitado otros años de prisión, por el delito de apropiación indebida.

Sin embargo, algunas acusaciones rebajaron la condena pedida para Pilar Giménez Reyna, incluso al considerarla sólo "cómplice" de esta apropiacion -tres años de cárcel-, al igual que para el apoderado Javier Sierra de la Flor, quien, a pesar de firmar cheques por unos siete millones de euros, no figura entre los principales acusados.

También el fiscal pidió penas de seis años de cárcel para Agustín Fernández Ameneiro, Julio Rodríguez Gil e Inmaculada Baltar, mientras que, para Carlos Ortín Barrón, José Alfonso Castro Mayoral, y Carlos Prats -los dos últimos empleados de La Caixa- ha solicitado tres años de prisión por considerarlos cómplices de apropiación indebida.

Las acusaciones también incidieron en esta línea de acusación del fiscal, ya que pretenden, al igual que Vicente González Mota, la responsabilidad civil subsidiaria de La Caixa y de Caja Madrid Bolsa.

Además de los imputados, el fiscal considera responsables civiles directos a las sociedades Gescartera Dinero AV SA y Gescartera Gestión SGIIC SA. Gescartera Dinero SGC SA, Bolsa Consulting Madrid, Bolsa Consulting, Breston, Promociones Andolini, Gescartera Pensiones EGFP, BC Fisconsulting y Asesoría y Gestión de Patrimonios SA (AGP).

También pide que se declare partícipes a título lucrativo a familiares de Antonio Camacho como herederos de José Camacho Martínez (su padre), Pilar Friaza Albarranch (su madre), Nuria Rodríguez Martín de los Santos (su ex mujer) y José Rafael Camacho Friaza (su hermano); y otras personas relacionados con Miguel Angel Vicente (sus hermanos Pedro Vicente y Francisco Javier) y Anibal Sardón (su mujer, Francisco Alhambra, e hijos, Anibal, Susana y Javier).