Por Thierry Lévèque

Un fiscal de París pidió el martes una pena de 18 meses de prisión sin cumplimiento para el ex primer ministro francés Dominique de Villepin por considerar que es culpable de conspirar para desprestigiar a Nicolas Sarkozy antes de su candidatura presidencial.

En su conclusión, después de un mes de juicio, el fiscal Jean-Claude Marin también pidió una multa de 45.000 euros para Villepin, que ha negado cualquier delito y acusa a Sarkozy de liderar una venganza en su contra.

Villepin está acusado de intentar falsificar documentos en una investigación judicial por corrupción con el ánimo de desacreditar a Sarkozy, en momentos en que los dos trataban de suceder a Jacques Chirac en las elecciones presidenciales de 2007.

Marin dijo que Villepin, que fue ministro de Exteriores y luego del Interior cuando sucedieron los hechos, no instigó ni organizó la trama, pero fue cómplice al permanecer en silencio.

El político "permitió que continuara la manipulación y se desarrollara cuando tenía la capacidad pero también el deber de detenerla", dijo Marin.

Un aristócrata elocuente que escribe poesía en su tiempo libre, Villepin dijo a periodistas que el fiscal estaba equivocado.

"Nicolas Sarkozy prometió colgarme del gancho de un carnicero. Veo que es una promesa que ha mantenido", dijo, en referencia a un comentario atribuido a Sarkozy.

Villepin declaró al tribunal que tuvo conocimiento de los documentos, pero desconocía que fueran falsos.

THRILLER POLÍTICO

"Su responsabilidad reside en vista de la oficina que ocupaba y la imagen que dio de la acción política del estado y uso del poder", añadió el fiscal. Como motivo citó comprometer a Sarkozy, un querellante civil en el juicio.

El fiscal también pidió veredictos de culpabilidad contra otros tres acusados en el caso, entre ellos Jean-Louis Gergorin, un ex ejecutivo del grupo aeroespacial EADS, acusado de entregar los documentos falsificados a un magistrado.

Una historia digna de un taquillero 'thriller' político, con espías, famosos, documentos sospechosos y rivalidades políticas se remonta a 2001 cuando unos jueces investigaban la venta de unas fragatas francesas a Taiwán.

Un informante anónimo envió a los jueces unos documentos con detalles de unas cuentas que aparentemente procedían de la institución financiera con sede en Luxemburgo Clearstream.

El informante aseguró que las cuentas estaban vinculadas a una red de corrupción con posibles lazos con el crimen organizado y el acuerdo por las fragatas. Pero posteriormente se demostró que los documentos eran falsos y el centro de atención se desvió a encontrar quién estaba detrás de los mismos.

Gergorin ha indicado que envió los documentos al juez a petición de Villepin. El fiscal pidió que se declarara culpable al especialista informático Imad Lahoud, que está acusado de añadir nombres a la lista de personas que supuestamente tenían cuentas en Clearstream, incluido el de Sarkozy.

Se espera que la decisión del llamado caso Clearstream tarde varios meses.