El fiscal pide 8 años para De la Rosa y Núñez por la trama de corrupción en Hacienda

La Fiscalía pide ocho años de cárcel para el ex presidente del FC Barcelona, José Luis Núñez, para su hijo y para el financiero Javier de la Rosa, acusados de sobornar a mandos e inspectores de Hacienda para que amañaran sus actas en una trama de supuesta corrupción descubierta a finales de la década de 1990.

En su escrito de acusación, el fiscal pide en total penas que suman 126 años de cárcel para los catorce acusados, entre ellos ex altos cargos e inspectores de Hacienda que aceptaron los sobornos, mantuvieron "corruptos contactos" con los empresarios y actuaron de forma "torticera e irregular" en las inspecciones.

Entre los acusados también figuran el ex jefe de inspección de Hacienda en Cataluña, Josep María Huguet, para quien el fiscal pide 16 años de cárcel, el ex inspector Manuel Abella (19 años), el abogado Juan José Folchi (12 años) y el candidato de Alianza Popular a la presidencia de la Generalitat en 1984, Eduardo Bueno (4 años).

En concreto, José Luis Núñez Clemente, que fue presidente del FC Barcelona entre los años 1978 y 2000, está acusado al igual que su hijo, Josep Lluís Núñez Navarro, de los delitos de cohecho activo y falsedad en documento oficial, por los que piden 8 años y 2 meses de cárcel para cada uno y sendas multas de 2,5 millones de euros.

A lo largo de las 349 páginas de su escrito, los fiscales Fernando Rodríguez Rey y Emilio Jesús Sánchez Ulled detallan que Núñez y su hijo sobornaron a dos inspectores de Hacienda -Manuel Abella y Roger Bergua-, para que actuaran de forma "torcida e ilegal" y orillaran los "artificios fiscales" del grupo Núñez y Navarro, con lo que ahorraron 13,2 millones de euros en impuestos.

Según la acusación, los Núñez sabían que los "artificios fiscales" que hacían les podían derivar responsabilidades penales, por lo que acordaron "ganarse la voluntad" del inspector jefe de la unidad regional de inspección, Manuel Abella, y del inspector regional adjunto, Roger Bergua, a los que facilitaron la adquisición de bienes inmuebles y entregaron grandes cantidades de dinero.

A cambio, Abella -para quien el fiscal pide 19 años- y Bergua -para quien solicita 9-, actuaron de forma "torcida e ilegal" a la hora de aplicar su gestión tributaria sobre las empresas del grupo Núñez y Navarro, ya que dejaron de comunicar a las autoridades penales la posible comisión de delitos contra la Hacienda Pública.

En concreto, el grupo Núñez y Navarro logró, según la fiscalía, que fueran "orillados" los "artificios fiscales" en los que incurría, como las transmisiones inmobiliarias entre empresas del grupo con fines puramente fiscales, operaciones puntuales con varios mecanismos de fraude fiscal, o diferencias de precios en transmisiones de entidades registrales de similares características.

Por su parte, el financiero Javier de la Rosa y su asesor, el abogado Juan José Folchi, están acusados de un delito de cohecho activo, uno continuado de prevaricación y uno de falsedad en documento oficial, por comprar a Huguet para que mintiera a su favor.

En concreto, la fiscalía acusa a De la Rosa y a Folchi de ingresar importantes cantidades de dinero en una cuenta suiza de Huguet para que sometiera al Grupo Torras -que De la Rosa dirigió entre 1986 y 1992-, a inspecciones "torticeras".

En concreto, Huguet, con la colaboración también de Abella y a instancias de Folchi y De la Rosa, paralizó y denegó inspecciones, mintió en diligencias de comprobación y extendió actas de conformidad que no reflejaban la realidad tributaria de empresas y filiales del Grupo Torras.

Esta trama se empezó a investigar al desglosarse las diligencias del "caso Torras" y abrirse una nueva causa contra Huguet, Ernesto Aguiar -que ha sido exculpado-, y otros dos inspectores de Hacienda, Manuel Abella y Roger Bergua, por las irregularidades en la inspección de algunas grandes empresas, como el grupo Torras, el grupo Núñez y Navarro, el grupo Ibusa y el grupo Kepro.