La Fiscalía británica aclara la ley sobre el suicidio asistido en el extranjero

Las personas que ayuden a un familiar a suicidarse en el extranjero no serán procesadas en Inglaterra y Gales siempre que no incentiven la decisión y asistan de una manera que sea acordada, señaló hoy la Fiscalía del Estado (CPS) al esclarecer la ley.

La Fiscalía decidió aclarar la legislación sobre suicidio asistido -que es delito y acarrea una pena máxima de 14 años de cárcel-, pero puntualizó que esto no supone su modificación.

Esta clarificación fue decidida después de que la Cámara de los Lores -máxima instancia judicial- se pronunciase el pasado julio a favor del caso de la británica Debbie Purdy, que sufre esclerosis múltiple y pedía que la Fiscalía indicase cuándo se podía procesar a una persona que ayuda a morir a otra fuera en el extranjero.

La Cámara de los Lores apoyó el llamamiento de Purdy para clarificar la ley que regula el suicidio asistido.

En julio, los jueces lores consideraron que la Fiscalía debía explicar por escrito los factores que considera relevantes para procesar a alguien en caso de ayudar a alguien a suicidarse.

El abogado Keir Starmer, uno de los responsables de la Fiscalía, señaló hoy que es su deber "asegurar que la gente más vulnerable sea protegida y, al mismo tiempo, aportar suficiente información para aquellos como Purdy que quieren tomar decisiones basadas en información sobre las decisiones que puedan tomar".

Starmer resaltó que el suicidio asistido ha sido un delito en este país durante cincuenta años y de momento las cosas no cambian.

Explicó que todos los casos de suicidio asistido serán investigados por la Policía, pero habrá determinados factores que determinarán si se procesará a alguien o no.

Entre ellos figuran si el familiar o amigo puede obtener un beneficio financiero al respaldar el suicidio asistido, si la persona que quiere quitarse la vida es menor de 18 años o tiene problemas mentales y si el que quiere suicidarse fue presionado por otra persona a tomar esa decisión, aclaró Starmer.

Prudy lleva tiempo evaluando la posibilidad de viajar a Suiza, donde la eutanasia está legalizada, para acabar con su vida si su estado de salud sigue empeorando a causa de enfermedad.

Pero teme que su marido, Omar Puente, pueda ser procesado en Inglaterra si le acompaña a Suiza.

Más de cien británicos con enfermedades terminales han viajado a la clínica Dignitas de Suiza para suicidarse y varios familiares fueron sometidos a una investigación de la Policía, pero ninguno ha sido procesado hasta ahora porque las autoridades tienen el poder de recurrir a la discreción según las circunstancias del caso.

Así, con la aclaración de hoy, las personas que acompañen a un familiar que quiera suicidarse en el extranjero podrán saber si serán procesados o no.

Esta clarificación corresponde a Inglaterra y Gales, ya que Irlanda del Norte tiene una ley propia, similar a la inglesa, mientras que Escocia no cuenta con una ley específica sobre suicidio asistido.