La Fiscalía ha abierto diligencias informativas para determinar si notarios y registradores cobran de más a los ciudadanos a la hora de cancelar créditos hipotecarios, como denunció la semana pasada la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). El encargado de determinar si estas prácticas son generalizadas o se trata de casos aislados será el fiscal de Sala delegado para la defensa de los intereses de los consumidores, José María Paz Rubio.

En sus manos quedará determinar si se producen esos cobros excesivos y si ello es constitutivo de delito. El artículo 437 del Código Penal castiga con multa de seis a 24 meses y suspensión de empleo de seis meses a cuatro años a 'la autoridad o funcionario público que exigiere derechos, tarifas por aranceles o minutas que no sean debidos o en cuantía mayor a la legalmente señalada'.

El encargado del caso es el fiscal para la defensa del consumidor

En el caso de confirmarse, la Fiscalía presentará una denuncia en el juzgado correspondiente. No obstante, fuentes fiscales señalaron a Público que la defensa de los derechos de los consumidores, a los que desde hace un tiempo presta una especial atención, puede lograrse por varias vías, como un requerimiento directo a la empresa de servicios implicada, para que proceda a la devolución del cobro que no debió realizar, y la jurisdicción civil.

La noticia coincidió con la publicación de un nuevo dato que subraya la debilidad del mercado inmobiliario. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó que las compraventas de pisos se hundieron en julio un 34,8%, hasta 28.391 transacciones. Pero en realidad, los datos corresponden casi en su totalidad a las ventas cerradas en mayo, ya que los datos proceden de los registradores de la propiedad y existe habitualmente un desfase de unos dos meses entre la compra de un inmueble y su registro. Por tanto, este desplome ya estaba comprendido en la estadística sobre el segundo trimestre que publicó la semana pasada el Ministerio de Fomento (que se nutre de los datos de los notarios) y que mostraban una caída del 41%.

Entre tanta maraña estadística reluce una certidumbre que cualquiera que venda piso puede comprobar: el mercado de la vivienda está hundido. El descenso del 34,8% de julio es la mayor bajada mensual desde hace más de dos años, desde abril de 2009. Sin embargo, no todo es tan negro. Gran parte de la caída se explica porque en julio del año pasado se subió el IVA para casas nuevas (del 7% al 8%) y, además, a final de año acababa la desgravación para los compradores de vivienda con rentas de más de 24.000 euros

Pero, por otro lado, también ha influido en las bajadas el hecho de que bancos y cajas están restringiendo aún más la concesión de hipotecas.

La única esperanza, por ahora, de que las compraventas se muevan está, otra vez, en el IVA de los pisos nuevos. El Gobierno vuelve a usarlo como gancho fiscal al bajarlo del 8% al 4% hasta final de año para incentivar las adquisiciones. Los promotores inmobiliarios, ávidos de compradores, creen que tendrá efecto. En el último trimestre del año 'es previsible' que 'veamos un incremento atípico de las ventas', aseguró ayer la patronal de promotores madrileña, Asprima.

La compraventade viviendas se desplomaun 35% en julio

Sin embargo, algunos expertos se muestran más escépticos. 'Es un estímulo muy limitado porque sólo afecta a las viviendas nuevas que no se hayan transmitido ni una sola vez, lo que deja fuera los pisos de promotores que están cayendo, por impago, en manos de los bancos', señala Julio Gil, socio director de la consultora inmobiliaria Horizone Consulting.

En la misma línea, Pedro Pérez, presidente del lobby inmobiliario G-14, considera que la bajada del IVA 'no va a ser suficiente' para volver a niveles de venta de 2010. La banca está siendo muy proactiva a la hora de vender los más de 100.000 pisos que acumula de los promotores morosos, pero los compradores no disfrutarían de la rebaja fiscal.