La Fiscalía se opondrá a la admisión a trámite de la querella presentada en la Audiencia Nacional el pasado 17 de marzo por varios letrados contra seis abogados norteamericanos considerados los 'responsables jurídicos' de la creación del centro de detención de Guantánamo.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha tildado la querella de 'fraudulenta' porque, con ella, solo se pretende un 'artificio' que, entre otras cosas, acabaría convirtiendo a la Audiencia Nacional en 'un juguete'. El Ministerio Público 'no puede permitir eso', ha recalcado.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pidió a finales del pasado mes a la Fiscalía que informara sobre si debe investigar los hechos denunciados en la querella interpuesta por varios letrados en nombre de la Asociación pro Dignidad de los Presos y Presas de España. La querella consideraba a los seis abogados norteamericanos autores por cooperación necesaria de los delitos de tortura y tratos inhumanos, perseguibles en España de acuerdo con el principio de jurisdicción universal.

Según Conde-Pumpido, se trata de una querella fraudulenta porque va contra 'toda una política', concretada en tres decisiones ejecutivas del anterior presidente de los Estados Unidos por lo que, ha indicado, existirían presuntos autores materiales. Por ello, ha considerado que los querellantes intentan un 'artificio' porque pretenden dar una 'vuelta' y formular una denuncia contra los asesores porque no se atreven a presentarla contra las personas que pudieran aparecer en principio como responsables directos de esos hechos.

El fiscal general ha recordado que el criterio de la Fiscalía es defender 'a muerte, hasta el final' el ejercicio de la jurisdicción universal por parte de la Audiencia Nacional, pero evitar que se convierta en 'un juguete en manos de personas que buscan un determinado protagonismo' o intentan poner en marcha la Justicia española cuando se trata de personas residentes en Estados Unidos.

En su opinión, si existe alguna razón para formular una denuncia criminal contra estas personas se debe presentar primero en los tribunales territoriales competentes de Estados Unidos. En el caso de que se presentara en Estados Unidos y no prosperara esta iniciativa -ha añadido- es cuando se podría empezar a pensar en la posibilidad de ejercitar una acción supletoria.