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La Fiscalía pedirá la entrega de Gurruchaga por tres causas en la Audicencia Nacional

EFE

La Fiscalía solicitará a la Audiencia Nacional que reclame a Francia la entrega del supuesto jefe de los aparatos militar y de captación de ETA, Oroitz Gurruchaga, detenido ayer y que tiene tres causas pendientes, dos de ellas por pertenencia a banda terrorista y otra por actos de "kale borroka".

Así lo han informado hoy fuentes fiscales, que han explicado que el Ministerio Público también pedirá que se inste la entrega del lugarteniente de Gurruchaga, Xabier Aramburu Sagarminaga, que fue arrestado con él cuando ambos viajaban en un coche por la localidad de Cauna, en el departamento francés de las Landas.

Gurruchaga está reclamado por el Juzgado Central de Instrucción número 3 por un delito de pertenencia a banda armada en la causa que el juez Fernando Grande-Marlaska abrió a raíz del anuncio en el que el presunto jefe militar de ETA informó, en diciembre de 2008, sobre su decisión de integrarse en la estructura de la banda a través de un vídeo difundido por los diarios Gara y Berria.

Por esta causa, el magistrado dictó en enero de 2009 un auto de prisión contra el supuesto dirigente etarra, que había huido en abril del año anterior de una operación puesta en marcha por la Policía Nacional en la que fueron detenidos diez jóvenes por actos de violencia callejera.

Marlaska también le procesó junto a otros 21 jóvenes en febrero de ese año por integración en la organización juvenil ilegalizada Segi, en la que ejercía un papel de "dinamizador" de varios "taldes Y" en Rentería (Guipúzcoa), su localidad natal.

Por su parte, Aramburu, que también fue miembro de SEGI, participó en acciones de violencia callejera desde el año 2000, hasta que en el verano de 2005 pasó a colaborar con el 'comando Kresala' de ETA a las ordenes directas del por entonces máximo responsable del "aparato militar", Garikoitz Aspiazu Rubina, "Txeroki".

En concreto prestó una furgoneta de su propiedad para que el grupo trasladara un vehículo cargado de explosivos hasta el polígono industrial de Vicolozano (Ávila), en septiembre de 2005, que hicieron estallar, causando daños materiales.

Precisamente, por esta acción le reclama el Juzgado Central de Instrucción número 6, cuyo titular, Eloy Velasco, le procesó por un delito de colaboración.

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