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La Fiscalía pide 17 años por asesinato para el joven que empujó a un hombre al metro

Agencia EFE

La Fiscalía pide 17 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía para David Z.G., el joven acusado de haber empujado a las vías del metro de Barcelona a un usuario, que murió arrollado por el convoy, el pasado mes de febrero.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, en su escrito de acusación el fiscal califica los hechos de asesinato con alevosía, al considerar que la víctima fue atacada de forma sorpresiva, y aprecia en el acusado la atenuante de alteración mental, basándose en un informe forense que señala que tiene mermadas sus facultades mentales.

El ministerio público pide que David Z.G. indemnice con 120.000 euros a la hermana del fallecido, un vecino de Barcelona de 40 años que no tenía relación alguna con el procesado.

El crimen ocurrió el 11 de febrero pasado, cuando David Z.G., barcelonés de 29 años, se coló en la estación de Navas del metro de Barcelona, con la cabeza cubierta con una capucha y, una vez en el andén, empujó a las vías a su víctima, sin mediar palabra, justo en el momento en que pasaba el tren.

Tras empujar al hombre, que murió arrollado por el convoy, el procesado huyó corriendo del lugar, aunque varios testigos y miembros del equipo de seguridad de la estación lograron retenerle en la calle.

Las cámaras de vigilancia de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) grabaron las imágenes del empujón y la entrada al metro del procesado, que llegó a cruzarse en el vestíbulo de la estación con su víctima, sin intercambiar palabra.

La acusación particular, que ejerce la hermana del fallecido, pide una condena de veinte años de prisión para David Z.G. por un delito de asesinato alevoso sin atenuantes, al descartar que el procesado sufriera algún tipo de trastorno mental cuando cometió el crimen.

Aunque el informe forense que encargó el juzgado de instrucción número 17 de Barcelona, que ha instruido en caso, señala que el procesado sufría algún tipo de alteración psíquica, la acusación particular se basa en un dictamen pericial propio, realizado por un catedrático en Psicología, que lo descarta.

Dicho dictamen sostiene que cuando cometió el crimen, el procesado conservaba sus capacidades mentales, a pesar de que le constan antecedentes por trastornos psiquiátricos.

En su escrito de calificación, la familia de la víctima solicita que se declare la responsabilidad civil subsidiaria de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) en el crimen, porque en su opinión la empresa carecía de mecanismos de control para evitar agresiones como la sucedida.

Según argumenta la acusación particular, prueba de ello es que el procesado pudo entrar sin billete en el metro y empujar a las vías a un usuario, sin que en el andén existiera personal de seguridad u otras medidas materiales que se lo impidieran.

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