La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá en un juicio que se celebrará el próximo viernes 245 años de cárcel para la etarra Dolores López Resina, "Lola", por el atentado perpetrado con un coche-bomba en 1992 en el barrio santanderino de La Albericia que causó la muerte de tres personas e hirió a otras 20.

El fiscal Ignacio Gordillo sostiene en su escrito de conclusiones provisionales que el ex dirigente etarra Francisco Múgica Garmendia, "Pakito", ordenó en enero de 1992 a los ya condenados por estos hechos José Gabriel Zabala y Gonzalo Rodríguez Cordero que robaran un coche y que tras cargarlo de explosivos lo hicieran llegar al comando compuesto por Iñaki Recarte, Luis Ángel Galarza y "Lola".

Estos terroristas se encontraban en Santander por orden también de la dirección etarra que les había mandado trasladarse hasta la capital cántabra y "allí dar muerte a policías, guardias civiles o militares", para lo que la acusada alquiló un piso a principios de 1992 en el que se instalaron sus compañeros.

Siguiendo las instrucciones, Zabala y Rodríguez robaron un Ford Fiesta en la localidad guipuzcoana de Irún y lo trasladaron hasta un garaje que poseían en Oyarzun (Guipúzcoa) donde le cambiaron las placas y lo cargaron con 25 kilogramos de explosivo y "metralla compuesta por trozos de cadenas de hierro hasta completar 70 kilogramos de explosivos".

"Días más tarde -continúa el escrito-, y como les había ordenado repetidamente Francisco Múgica Garmendia, cuyo propósito era que el vehículo, cargado con explosivos, fuese utilizado en un atentado en el que necesariamente se producirían muertos y heridos, Zabala y Rodríguez trasladaron el automóvil hasta Santander", que fue recogido por López Resina "con arreglo a una contraseña preestablecida".

Así, sobre las 18.15 horas del 22 de febrero de 1992, Recarte y Galarza situaron el coche cargado de explosivos en el cruce de La Albericia por donde, según habían comprobado, pasaba "diariamente" una furgoneta policial y lo hicieron estallar al paso de la misma causando la muerte de tres transeúntes e hiriendo a 20 personas.

El escrito fiscal subraya que la procesada había estado vigilando en días anteriores y ese mismo día los movimientos policiales y el punto específico donde iba a tener lugar el atentado puesto que el piso que había alquilado tenía una vista que dominaba la carretera que baja hasta el cruce donde hicieron explotar el coche-bomba.

Además de los daños ocasionados en el vehículo policial, la explosión causó desperfectos en otros coches y en las viviendas cercanas, cuyo importe total asciende a 354.962 euros.