La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado este jueves dejar en suspenso las citaciones de diez empresarios que supuestamente hicieron donaciones al Partido Popular ante el juez Javier Gómez Bermúdez, dentro de la causa que éste ha abierto derivada de una querella de Izquierda Unida por supuesta financiación irregular del PP.

En su escrito, la Fiscalía tacha de 'innecesarias y desproporcionadas' esas comparecencias antes de que el juez Gómez Bermúdez haya resuelto la inhibición que le ha pedido el propio Ministerio Público en favor de su compañero Pablo Ruz, que también investiga los 'papeles de Bárcenas'.

Anticorrupción, en un escrito sin firma de ningún fiscal concreto, primero apeló directamente a la Sala de lo Penal de la Audiencia, pero dos horas y media después rectificó y manifestó que su recurso debía entenderse como de reforma y sólo subsidiriamente de apelación. Es decir, que primero debe pronunciarse sobre su petición el propio juez Gómez Bermúdez, y en segundo término, la Sala de lo Penal.

El fiscal pide que no se lleven a efecto las comparecencias ante Gómez Bermúdez, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, de los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Alvaro Lapuerta. Estas citaciones y las de los empresarios donantes están fijadas para los próximos 25, 26 y 27 de marzo.

El fiscal sostiene que, para decidir sobre la inhibición solicitada, basta con que el juez Gómez Bermúdez estudie el auto del juez Ruz asumiendo el caso y el escrito correspondiente del Ministerio Fiscal, documentación que también debe bastar al resto de partes personadas en la causa, como Izquierda Unida como querellante, para pronunciarse al respecto.

Los diez grandes empresarios contra los que se ha querellado Izquierda Unida por ser mencionados en los 'papeles de Bárcenas', y a los que tiene citados el juez Gómez Bermúdez, son:

-- El presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, que presuntamente donó a los populares más de un millón de euros.

-- Manuel Contreras Caro, presidente de Azvy, supuesto donante de 858.000 euros.

-- Juan Manuel Villar Mir, expresidente de OHL, que habría pagado más de medio millón de euros.

-- Luis del Rivero, expresidente de Sacyr Vallehermoso, con medio millón euros.

-- Alfonso García Pozuelo, de Construcciones Hispánica, que presuntamente pagó entre 250.000 y 300.000 euros.

-- Juan Manuel Fernández, de Aldesa, también supuesto donante de entre 250.000 y 300.000 euros.

-- José Mayor Oreja, de Fomento de Construcciones y Contratas, que habría pagado al menos 165.000 euros.

-- Antonio Vilella, de Construcciones Rubau, que habría donado al menos 100.000 euros.

-- Adolfo Sánchez, que habría pagado 98.500 euros.

-- El presunto número dos de la 'trama Gürtel', Pablo Crespo.

En su escrito, la Fiscalía destaca que el instructor debe centrarse en este momento en resolver sobre su competencia sobre los hechos, es decir, sobre la petición de inhibición en el juez Ruz que le hace el propio Ministerio Público, y no realizar una 'doble instrucción' del caso.

Asimismo, el fiscal reclama que se paralicen el resto de diligencias acordadas por el juez Gómez Bermúdez en su auto del pasado lunes, que incluía un requerimiento al PP para que aportase en el plazo improrrogable de siete días copia o relación de los ingresos que por el concepto donaciones ha recibido entre los años 2002 y 2009, y otro a El País para que entregue los originales de los documentos que han dado pie a la querella de IU.

En el recurso, el fiscal aprovecha para expresar su sorpresa por la argumentación dada por el instructor para dar mayor credibilidad a las imputaciones realizadas contra los empresarios donantes, que las que se formulan sobre supuestos sobresueldos en el PP.

'No explica el instructor por qué una parte de los hechos (...), los que afectan a supuestos pagos de empresas y empresarios, tienen, apariencia de buen derecho y ha de tenérseles por imputados e investigar los hechos; y sobre otros hechos, que resultan de la misma fuente, los referidos a sobresueldos de altos cargos públicos del Partido Popular, considera que la querella establece un enlace excesivamente  débil, difuso o especulativo sobre la razón de ellos, afirmando sin más que ese dinero los recibían para la toma de decisiones a favor de las empresas y empresarios pagadores o para influir en esas decisiones', dice el fiscal.

Insiste en que en el texto de la querella y en la documentación con ella aportada, 'comprobamos que la fuente de unos hechos y otros son las anotaciones que se reflejan en los denominados “Papeles de Bárcenas”, de suerte que la diferencia no está en elemento objetivo alguno ajeno a los mismos ni en el relato de hechos que se contiene en la querella, sino en la interpretación a nuestro entender no justificada del Instructor'.