La Fiscalía ha pedido este martes al Tribunal Supremo que 'confirme plenamente' la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba y mantenga la condena de 40 años de cárcel que impuso a José Bretón por haber asesinado a sus dos hijos, Ruth y José, el 8 de octubre de 2011. En la vista pública celebrada en el alto tribunal, el fiscal, Fidel Cadenas, ha rechazado que el jurado haya basado su dictamen en 'prejuicios' o que haya habido 'juicios paralelos'.

El fiscal ha mantenido que la actuación del condenado 'rebosa dolo homicida', sea cual sea la hipótesis de la muerte, 'hayan muerto por fármacos o quemados en la hoguera' y ha expuesto que es 'evidente' que con esa actuación 'se pretende matar'. Además, ha defendido la alevosía por la 'absoluta indefensión' de los niños.

Por su parte, la abogada de Bretón ha pedido la anulación de la condena y ha reclamado al tribunal que no se deje llevar por las que considera 'presiones de los medios de comunicación' y que ejerza una 'justicia sin prejuicios, sin presiones externas, sin nombre y apellidos'.

El Tribunal Supremo celebra la vista para decidir sobre el recurso de José Bretón contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que confirmaba la condena a 40 años impuesta por la Audiencia de Córdoba por el asesinato de sus dos hijos. Además del recurso de Bretón, a quien se le consideró culpable de dos delitos de asesinato con la concurrencia de la circunstancia agravante de parentesco, el tribunal estudiará los dos de impugnación que presentaron la acusación particular, que ejerce María del Reposo Carrero -en representación de la madre de los niños, Ruth Ortiz- y el Ministerio Fiscal.

La defensa de Bretón considera que se ha dado infracción de precepto constitucional por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, ya que estima que existe 'ausencia de motivación' en la sentencia. Además, alega que se ha producido una vulneración de los derechos fundamentales a la presunción de inocencia, a un proceso con todas las garantías debidas y a la tutela judicial efectiva y el principio de interdicción de arbitrariedad consagrado en la Constitución.

También entiende que se han vulnerado derechos constitucionales como 'la ruptura de la cadena de custodia del principal indicio de cargo, así como ausencia de permiso judicial para la apertura de la caja donde el mismo se encontraba', en relación a los restos óseos. La sala estará constituida por el magistrado Cándido Conde-Pompido, que la presidirá, y por los también magistrados José Manuel Maza, Manuel Marchena, Ana María Ferrer y Perfecto Andrés Ibáñez.