La Fiscalía Estatal de Miami pidió destituir a la nueva jueza encargada del caso de presunta extorsión al cantante español Alejandro Sanz por considerar que no podría emitir un pronunciamiento imparcial, dijo hoy un abogado.

Richard Baron, uno de los letrados de los acusados, declaró que recibieron el miércoles cuatro mociones por parte de la Fiscalía y una de ellas "es para descalificar a la jueza" Rosa Rodríguez.

"Creo que los argumentos presentados no tienen basamento y que el señor Sanz está manipulando a la Fiscalía para bloquear la declaración", informó al finalizar una vista judicial en un tribunal de Miami.

Sanz no ha declarado en el caso, pese a ser la presunta víctima de una extorsión, lo que ha obstaculizado el proceso judicial a tal punto que en cinco ocasiones se ha postergado el juicio.

El artista madrileño debe testificar el próximo 16 de octubre, en la oficina de la Fiscalía Estatal, según una orden de la jueza emitida la semana pasada en una audiencia donde increpó fuertemente a los fiscales porque la víctima no declaraba.

En esa ocasión, Rodríguez recordó que: "Este no es un caso civil, es un caso criminal, y en este tribunal las personas se presentan a hacer sus declaraciones o de lo contrario, van a la cárcel".

Dos ex trabajadores del cantante, Carlos González y Sylvia Helena Alzate, afrontan un cargo de extorsión por presuntamente pedir 500.000 dólares a Sanz para no divulgar asuntos personales del artista.

Rodríguez recientemente sustituyó en el caso a la magistrada Cristina Pereyra-Shuminer que renunció a su cargo para convertirse en estrella de televisión.

Pereyra-Shuminer es la jueza del programa "Veredicto final" que se transmite por Telefutura, cadena hermana de Univisión.

El abogado Baron dijo con respecto a las mociones presentadas que le parecía que "se están dando pasos desproporcionados para evitar que la víctima no tenga que testificar".

Otra de las mociones recibidas es para descalificar también al abogado de los acusados, agregó sin suministrar más detalles.

Con esta moción y las otras tres, el juicio contra los ex empleados de Sanz podría afrontar aún más demora, de acuerdo con Baron.

"Todo quedaría paralizado hasta que se decida la moción relacionada con la descalificación de la jueza", dijo el abogado.

No obstante, Rodríguez fijó una nueva audiencia para el próximo 1 de noviembre y la fecha del juicio se mantiene, por el momento, para el 13 de ese mismo mes.

Michael Von Zamfit, fiscal principal del caso, confirmó tras la audiencia que habían presentado varias mociones.

El caso llegó a un tribunal estadounidense en diciembre del año pasado, luego de que la policía detuviera a González y a su esposa por la supuesta extorsión y por robo en mayor cuantía.

Según documentos judiciales, Juan Ramón Ramírez, director corporativo de ALJA Productions Inc, una subsidiaria en Florida de la compañía Gazul Producciones S.L, con sede en Madrid y propiedad del cantante, informó a las autoridades que Alejandro Sánchez Pizarro, nombre real del artista, "era víctima de robo y extorsión".

"González amenazó a Ramírez con divulgar cierta información a medios (de comunicación) de España y demandó 500.000 dólares para no hacerla pública", de acuerdo con los documentos.

Sanz hizo público el 12 de diciembre un comunicado en el que informaba que tiene un segundo hijo de tres años con la puertorriqueña Valeria Rivera.

En una conversación telefónica entre González y Ramírez, grabada por las autoridades estadounidenses, el acusado negó en varias ocasiones que haya solicitado dinero.

La Fiscalía Estatal también desestimó en mayo pasado los tres cargos de robo en mayor cuantía que enfrentaba sólo González.