La Fiscalía ha pedido que los 17 integrantes del Consejo de Administración de Caja Segovia, más el exdirector general y el exsecretario general de la entidad, declaren como imputados por los acuerdos que adoptaron entre 2008 y 2010 para el reparto entre los directivos de unos 32 millones de euros en concepto de prejubilaciones. Fueron decisiones inmediatamente anteriores la integración de la caja en Bankia.

La lista del Ministerio Público la encabeza el expresidente de Caja Segovia, Atilano Soto (que ya está imputado en el 'caso Bankia'), y figuran además el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes (independiente en la candidatura del PSOE), el senador del PP Javier Santamaría y el portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Juan José Sanz. El fiscal advierte que estos dos últimos tienen condicion de aforados.

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Segovia, Antonio Silva, ha elevado su petición al Juzgado de Instrucciçón número 2 de la ciudad, que investiga el caso a instancias del partido Unión Progreso y Democracia (UPyD), también acusación en el 'caso Bankia'.

La Fiscalía considera necesarias las comparecencias como imputados de estos exconsejeros y exaltos cargos de la caja por la falta de resultados de los requerimientos documentales practicados, y con el fin de avanzar en la investigación de los hechos.

En concreto, solicita que, de forma secuencial, se les tome declaración sobre la adopción de los acuerdos del Consejo de Administración a propuesta del Comité de Retribuciones en las sesiones celebradas el 20 de noviembre de 2008 y el 22 de diciembre de 2010.

Así, la Fiscalía considera que deben comparecer por su vinculación al Comité de Retribuciones el presidente de este órgano, Atilano Soto, que era presidente a su vez de Caja Segovia y del Consejo de Administración; la secretaria, Elena García Gil, y el vocal, Manuel Agudíez, quien fuera vicepresidente de la entidad de ahorros. Estos dos últimos eran también consejeros de la entidad.

También formaban parte de ese comité, y el fiscal pide que se les cite, el antiguo director general de la Caja, Manuel Escribano, a quien estaba encomendada la presentación de las propuestas y asistía, con voz pero sin voto, a las sesiones; y Antonio Tapias, exsecretario general de la entidad, quien asistía sin derecho a voto. Para Escribano se aprobo la prejubilación más elevada, de 5,6 millones de euros.

Los otros 14 consejeros que el fiscal quiere que sean llamados a declarar como imputados, muchos de ellos vinculados con PP o PSOE, son: Miguel Ángel Vicente, Fernando Aceves, Eduardo Aguado, Manuel Berzal, Bonifacio García, Fidel García, José Pablo Lozoya, María Concepción Monte, Pedro Palomo, Juan Manuel de la Puente, Pedro Arahuetes, Javier Santamaría, José Luis Sanz Merino y Juan José Sanz Vitorio.

El fiscal advierte de que, salvo error u omisión, Juan José Sanz Vitorio, actual viceportavoz del PP en las Cortes regionales, y Javier Santamaría, senador del PP, tienen la condición de aforados dada su condición de parlamentarios.

La investigación penal sobre la entidad fue abierta a instancias de UPyD, que mantiene sus exigencias de que se depuren responsabilidades por las retribuciones millonarias a altos directivos de la Caja.