La Fiscalía General del Estado presentará a principios de la próxima semana ante la Sala del 61 del Supremo las demandas de ilegalización de ANV y de EHAK-PCTV, según ha anunciado hoy el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

El fiscal general ha explicado en una rueda de prensa que las solicitudes de ilegalización, que se presentarán por el trámite de demanda ordinaria, irán acompañadas, de la petición de suspensión cautelar de las actividades de ambas formaciones tanto ante el Tribunal Supremo como, al día siguiente, ante la Audiencia Nacional.

Ambas demandas se presentarán por la vía del artículo 9 de la Ley de Partidos y alegarán como causa principal la contemplada en el apartado F de dicha disposición como es la "colaboración habitual con organización que de forma sistemática apoya el terrorismo", en referencia a Batasuna.

En el caso del PCTV se alegará también el abono de las retribuciones de hasta 49 personas vinculadas a Batasuna, entre ellas destacados miembros de la Mesa Nacional, lo que -ha dicho el fiscal general- supone una cooperación habitual, además de la cesión del local de este partido en un polígono de San Sebastián para reuniones clandestinas de los miembros de esta formación ilegalizada, entre otras.

En cuanto a ANV, además de la cooperación "efectiva y reiterada", se aportará como causa la contemplada en el apartado A del citado artículo, como es el minimizar las acciones de terrorismo y no condenarlas y, en concreto, se citará la intervención de la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, a la que la Fiscalía denunció por enaltecimiento del terrorismo por homenajear a los dos presuntos etarras acusados del atentado de la T-4, y que hoy ha quedado en libertad sin cargos tras declarar ante el juez.

Al día siguiente de la presentación de las demandas, el fiscal de la Audiencia Nacional formalizará un escrito ante el juez Baltasar Garzón para pedir la suspensión cautelar de actividades de ambas formaciones sin esperar a la comparecencia fijada por el magistrado para los días 4 y 5 de febrero.

"La Fiscalía llevaba trabajando un cierto tiempo y hubiese deseado poder interponer la demanda antes pero la vamos a interponer en el momento en el que disponemos de las pruebas definitivas", ha recalcado el fiscal general.

Según Conde-Pumpido, la Fiscalía del Tribunal Supremo inició el proceso de ilegalización el pasado 3 de diciembre, tras el primer atentado mortal después de la ruptura de la tregua -el ocurrido el 1 de diciembre en Capbreton (Francia) en el que murieron dos guardias civiles- debido a que, al día siguiente de la acción terrorista, ni ANV ni el PCTV lo condenaron.

Además, la Fiscalía disponía de la documentación intervenida en la operación contra la cúpula de Batasuna desarrollada en octubre en Segura (Guipúzcoa), por lo que se solicitó al secretario de Estado de Seguridad informes completos para poder presentar la demanda, que son -ha señalado- los que llegaron hace dos días al juez de la Audiencia Nacional.

A partir de la operación de Segura, las Fuerzas de Seguridad realizaron una investigación que es de la que se obtienen las pruebas, ha indicado Conde-Pumpido que ha recordado que "se ha actuado cuando hemos dispuesto de una prueba acreditada a través de informes policiales".

También ha advertido de que, en el supuesto de que ni el TS ni la Audiencia Nacional accediera a una suspensión cautelar de actividades, se acudiría a un procedimiento contencioso electoral contra las propias listas de estos partidos.

Respecto a la posibilidad de que la izquierda abertzale utilice otra vía para presentarse a las elecciones, Conde-Pumpido ha garantizado que la Fiscalía está preparada para impugnar "tantas listas como se presenten" en los supuestos en que se puedan acreditar vínculos con Batasuna.