La Fiscalía ve indicios de delito en contratos del Gobierno de Revilla

El Tribunal de Cuentas ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción, por si pudiera existir un delito penal, parte del informe que estaba elaborando sobre la gestión de Cantabria en 2009, cuando presidía la comunidad Miguel Angel Revilla (Partido Regionalista de Cantabria), que gobernaba en coalición con el PSOE.

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha comparecido este martes ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas y ha dado cuenta del informe anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicios 2008 y 2009.

Álvarez de Miranda ha precisado que "no constan en la sección de enjuiciamiento antecedentes derivados del informe anual de Cantabria ejercicios 2008 y 2009 en el ámbito de la responsabilidad contable si bien es cierto que el ministerio fiscal ha apreciado la existencia de indicios de responsabilidad penal por deficiencias en la adjudicación de determinados contratos".

Por ello, el presidente del Tribunal de Cuentas ha precisado que se ha decidido remitir "el correspondiente testimonio" a la fiscalía anticorrupción.

Asimismo, Álvarez de Miranda ha señalado que en abril de este año el Tribunal de Cuentas presentó el informe que estaba elaborando sobre la gestión de Cantabria en el año 2009 a Revilla, desmintiendo así las declaraciones hechas por el expresidente cántabro señalando que no tenía acceso al mismo.

Según público el diario ABC, en el año 2009 el Ejecutivo regional ocultó facturas en los cajones por valor de 200 millones de euros. Asimismo, Álvarez de Miranda ha destacado que en el año 2001 la diferencia apreciada en Cantabria entre el objetivo de déficit y el déficit real fue del 2,74 por ciento, de manera que el ejercicio "terminó con un déficit del 4,04 por ciento, muy lejano del 1,3 por ciento del déficit previsto".

Ello es algo que "debe corregirse" ha explicado el presidente del Tribunal de Cuentas porque aquellas cuestiones relativas al déficit y al endeudamiento de las comunidades autónomas y de la propia Administración General del Estado tienen influencia decisvia en las cuentas públicas del país.

Durante su intervención, Álvarez de Miranda ha relatado que el informe del Tribunal de Cuentas -que ha analizado los ejercicios económicos de 2008 y 2009- reitera las recomendaciones que el organismo realizó durante los años anteriores porque, según ha indicado, no se han "corregido muchas de las deficiencias y de las irregularidades".

Ha hecho especial hincapié en las relaciones relativas al procedimiento de contratación administrativa y ha subrayado la necesidad de establecer "criterios precisos" y evitar "demoras injustificadas en la ejecución", además de utilizar "adecuadamente" la encomienda de gestión".

El presidente del Tribunal de Cuentas también se ha referido al estudio que han realizado sobre la operación por la que el ente público CEP-Cantabria compró y arrendó el Racing de Santander, así como sus marcas y derechos federativos y ha dicho que no existía relación directa entre esas operaciones y el objeto social de la empresa autonómica.

Además, ha destacado que a pesar de la declaración del Racing de concurso de acreedores en junio de 2011, no se llevó a cabo la amortización del fondo al que CEP-Cantabria había transferido los activos.