El Ministerio de Fomento ha dado a la decena de autopistas en quiebra un plazo que concluye este miércoles, 30 de octubre, para que comuniquen si finalmente deciden integrarse en una sociedad pública con el fin de solventar los problemas económicos y financieros que actualmente afrontan.

Antes de esa fecha, las concesionarias de estas vías de pago deben comunicar al Departamento que dirige Ana Pastor si aceptan su última propuesta. En este planteamiento, Fomento mantiene en el 20% el porcentaje de la nueva sociedad pública que cede a las empresas actualmente titulares de las vías. El Ministerio ofrece además abonar a estas empresas un total de 350 millones de euros por los importes les adeuda por las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron y las modificaciones que sufrieron sus proyectos de obra, según informaron en fuentes del sector.

No obstante, hasta este pasado viernes, las empresas mantenían su rechazo a aceptar esta propuesta e insistían en demandar a la Administración una participación del 49% en la nueva empresa nacional de autopistas. El proyecto planteado por Fomento pasa por que todas las autopistas en riesgo de quiebra acepten integrarse en la nueva empresa nacional y no contempla que alguna se descuelgue del acuerdo.

De su lado, las concesionarias abogan por continuar negociando con el Ministerio, dado que, según recuerdan en fuentes del sector, en caso de no aceptar el proyecto e ir a liquidación, el Estado tendría que afrontar la responsabilidad patrimonial de las vías con el consiguiente efecto sobre el déficit público. Además, cabría la posibilidad de que acudieran a los tribunales.

Fomento trabaja desde hace meses en integrar en una sociedad pública a la decena de autopistas quebradas para garantizar su viabilidad futura y evitar que el Estado tenga que afrontar su responsabilidad patrimonial. El Ministerio cuenta ya con un acuerdo prácticamente cerrado con los bancos acreedores de las vías, con lo que el proyecto estaría pendiente del visto bueno final de Hacienda y la ratificación unánime de todas las autopistas. Según fuentes financieras, el rescate de las autovías en quiebra podría tener un coste de 6.000 millones de euros para las arcas públicas.

La sociedad, que se aprobaría por Real Decreto, estaría participada al 80% por el Estado y al 20% por las concesionarias de las vías de pago que la integran. Se ha diseñado a un horizonte de cuarenta años y parte de la previsión de que el tráfico siga cayendo hasta 2015 para empezar a crecer en ejercicios sucesivos. Entre la decena de autopistas en riesgo de quiebra figuran las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera, la circunvalación de Alicante o la que une Madrid y el Aeropuerto de Barajas. En su mayor parte están participadas por las grandes constructoras cotizadas.