Francia entregará temporalmente hoy al histórico etarra Félix Alberto López de la Calle Gauna, "Mobutu", para que declare un día después ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu por los asesinatos de tres guardias civiles en la localidad alavesa de Salvatierra en 1980.

Así lo han informado fuentes jurídicas, que han precisado que las autoridades galas sólo lo entregarán de forma temporal en el marco de esta causa, que investiga el atentado dirigido a varios miembros de la Guardia Civil que controlaban una carrera ciclista infantil en el que fallecieron tres agentes.

Por estos hechos, el titular del Juzgado Central de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional dictó auto de prisión el 23 de agosto del 2000 y procesó al etarra -que fue detenido en Francia en abril de 2004- el 7 de febrero del año siguiente.

A "Mobutu" se le acusa de tres delitos de asesinato terrorista agravado, ya que se le considera el autor de los disparos que causaron la muerte inmediata de los agentes.

El Consejo de Ministros acordó por primera vez pedir a Francia la extradición del etarra en mayo de 2005, si bien la demanda fue rechazada por el Tribunal de Apelación de París porque los hechos estaban prescritos en el derecho galo.

Sin embargo, la investigación de este atentado se reabrió en 2000, fecha en la que se determinó la supuesta participación de López de la Calle cuando integraba el "comando Araba" y que coincidió con su fuga del hotel de Aubusson en el que estaba recluido en Francia a la espera de ser expulsado.

De esta forma, el Gobierno volvió a reclamar la entrega de "Mobutu" -que en 2010 fue condenado en Francia junto a su pareja Mercedes Chivite Berango a doce años de prisión como responsables de las compras internacionales de armas para la banda- en marzo de 2006.

La Audiencia Nacional ya condenó por estos hechos en noviembre de 2003 a sesenta años de prisión el etarra Ignacio Aracama, "Macario", y a treinta al ex cura de Salvatierra Ismael Arrieta, al cual el Tribunal Supremo rebajó la pena a 18 por la "desmesura" del retraso del Ministerio Público en dirigir la acusación, casi 19 años.