Tal como estaba previsto, Francia recomendó ayer de forma oficial a las mujeres con implantes de mama de silicona fabricados por la empresa Poly Implant Prothèse (PIP) que se los quiten, incluso aunque las prótesis no tengan signos de deterioro, si bien aclaró que lo hace "con carácter preventivo y no urgente". La extirpación de los implantes, que contienen un gel industrial nocivo y se rompen con facilidad, correrá a cargo de la Seguridad Social y tendrá un coste de unos 60 millones de euros.

El erario público cubrirá también el implante de una nueva prótesis para aquellas mujeres que se pusieron el producto defectuoso por motivo de una cirugía reconstructiva tras un cáncer de mama, mientras que las que se pusieron una prótesis PIP por estética tendrán que pagar se su bolsillo la nueva intervención.

Al menos un millar de mujeres recibieron los implantes sólo en Catalunya y Valencia

La decisión francesa de intervenir a las 30.000 mujeres que llevan en el país las prótesis PIP motivó ayer por la tarde una reunión por audioconferencia del Comité de Seguridad Sanitaria de la Comisión Europea en la que, por parte de España, participó Alfonso Jiménez Palacios, el secretario general de Sanidad en funciones. En el encuentro, tanto España como el resto de los países comunitarios menos Francia mantuvieron su postura de no recomendar la extracción de las prótesis por sistema, sino aconsejar a las portadoras que acudan a su médico para una evaluación. Jiménez Palacios aseguró a Efe que en la reunión no se han aportado argumentos científicos rigurosos que justifiquen un cambio en las recomendaciones que se vienen haciendo desde que, en marzo de 2010, Francia diera la voz de alarma sobre un producto que llevan entre 300.000 y 400.000 mujeres en todo el mundo.

Por su parte, el Instituto Nacional Oncológico francés aseguró ayer que no hay "un riesgo mayor de cáncer" para las mujeres que llevan estas prótesis, retiradas del mercado a principios de 2010. Sin embargo, según Europa Press, el Instituto sí ha descubierto otros riesgos, como la posible "ruptura" de los implantes y la "irritación" que puede provocar el gel, lo que podría causar "reacciones inflamatorias" y dificultar por la retirada de las prótesis defectuosas.

Mientras, en España la primera decisión del Ministerio de Sanidad dirigido por Ana Mato fue encargar "un estudio urgente" sobre un problema que, según el cirujano plástico Jaume Serra no hay datos oficiales a escala estatal, podría afectar a unas 10.000 mujeres en España, en su mayoría de la zona de Levante.

Una afectada cree que ir a revisión "no es suficiente" y hay que retirar las prótesis

Serra, que fue de los primeros en advertir del problema, defiende la decisión de Francia y cree que el resto de los países no sigue sus pasos por su coste. Y es que, teniendo en cuenta un importe de 2.000 a 2.500 euros por intervención, tomar la misma decisión en España podría costar más de 20 millones de euros. En cuanto a que las prótesis no suponen más riesgo de cáncer, Serra cree que es "una falacia para no crear alarma". Aunque no hubiera riesgo de cáncer, para Serra es "de sentido común" sacar una prótesis que se puede romper fácilmente.

Emilia Mignone, una mujer de 40 años residente en Valencia que recibió en 2006 dos implantes PIP y tuvo que pagarse la extracción el pasado verano tras romperse uno de ellos, cree que la recomendación de ir al médico "no es suficiente". "Si se puede romper en cualquier momento, ¿para qué me sirven los controles periódicos?", se pregunta Emilia, que cree que la sanidad pública debe correr con los gastos porque el producto tenía el aval de las autoridades. En su caso, la rotura le causó una afectación en un ganglio que desconoce qué problemas le podrá causar. Según fuentes sanitarias, en España en caso de rotura de una prótesis implantada tras un cáncer la sanidad pública la extrae e implanta otra. Pero si se puso por estética, sólo se cubre la retirada del implante, por lo que suele recomendarse ir a un centro privado.