El Gobierno francés prepara un plan contra la economía sumergida para los dos próximos años que contempla el cierre administrativo para las empresas que recurran a inmigrantes en situación irregular, anunció el ministro de Trabajo, Xavier Darcos.

"Si se demuestra que la actividad de una empresa se basa en torno al trabajo ilegal o al empleo de trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo, se podrá cerrar administrativamente", explicó Darcos en una entrevista publicada hoy por el diario "Le Parisien".

En concreto, los prefectos (delegados del Gobierno) podrán decidir el cese de la actividad de la compañía, precisó después de haber advertido que los empresarios que utilicen a trabajadores sin papeles se encontrarán en el centro de la acción de los inspectores de trabajo.

"Vamos a reforzar los controles y a recurrir a sanciones que afectan al bolsillo y a la imagen de la empresa para tener un efecto disuasorio", subrayó el ministro conservador.

Para ilustrar la dimensión del fenómeno, contó que el pasado año en los 28.000 controles realizados por los inspectores laborales, se incoaron 9.000 procedimientos por infracción, y un 12,9% se referían al empleo de extranjeros sin permiso de trabajo.

Darcos avanzó que otra de las medidas de su plan, que planteará a los interlocutores sociales el próximo día 26, es que los sin papeles que pierdan su trabajo por un control que ponga en evidencia su carácter irregular tendrán derecho a las indemnizaciones habituales para un asalariado en regla.

Y eso "podría aplicarse también a los trabajadores en situación irregular que vuelvan a su país de origen", apostilló.

El ministro indicó que el proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social para 2010 establece la supresión de las exoneraciones sociales de las que se benefician algunas empresas no sólo para las que recurran directamente a sin papeles, sino también para las que no controlan la situación en otras compañías a las que subcontratan una parte de su actividad.

En términos globales, el trabajo en negro representa un 4% del Producto Interior Bruto (PIB), un volumen de fraude de 60.000 millones de euros, equivalente al presupuesto del Ministerio de Educación, según sus estimaciones.

"Es un golpe bajo a toda la sociedad, privada del esfuerzo nacional que se impone a todos, un golpe bajo también contra los asalariados, privados de sus derechos de pensión, de paro y de sanidad", afirmó.

Darcos no quiso entrar en la polémica sobre la demanda de regularización de unos 5.500 trabajadores sin papeles de 1.800 empresas que están en huelga desde hace más de un mes, y dijo que la cuestión es competencia del titular de Inmigración, Eric Besson.

Los sindicatos, que piden una regularización global sin embargo, consideran fracasadas las conversaciones con Besson y piden al titular de Trabajo que interceda.

El Partido Socialista (PS) en la oposición va a adoptar el próximo martes una posición oficial al respecto, que por las primeras filtraciones irá en la misma dirección que los sindicatos.

"El trabajo, como el hecho de tener hijos nacidos en Francia, debe ser un criterio de regularización", avanzó la secretaria nacional del PS encargada de los derechos humanos, Pouria Amirshahi.