El de La Rioja es el único Gobierno autonómico que figura entre los mayores beneficiarios del fraude en Mutua Universal, por el que hay imputados 11 exdirectivos de la entidad de previsión catalana, acusados de malversación de fondos públicos, falsedad y apropiación indebida. La comunidad que, desde 1995, preside Pedro Sanz (PP), es una de las 29 entidades (públicas y privadas) a las que, entre 1998 y 2007, Mutua Universal (en aquel momento, la tercera entidad del sector en España y la segunda en Catalunya) facilitó los mayores descuentos ilegales en las cuotas a la Seguridad Social abonadas para cubrir accidentes de trabajo. La Rioja recibió descuentos por importe de 1,28 millones, según el informe pericial encargado por el juez y basado en la documentación incautada en el registro policial de la sede de Mutua Universal, efectuado el 1 de agosto de 2007.

En su informe, fechado el pasado 4 de mayo, los peritos cifran el fraude total de la entidad de previsión en 253 millones, como adelantó ayer El Periódico de Catalunya. Corresponde a dinero que, supuestamente, dejaba de ingresar la mutua y que, por tanto, no cobraba la Seguridad Social, a través de lo que en el sector se conoce como extorno.

Esta figura, común entre las aseguradoras privadas y a la que la RAE define como "parte de prima que el asegurador devuelve al asegurado a consecuencia de alguna modificación en las condiciones de la póliza contratada", está prohibida para las mutuas desde 1974, aunque ha sido moneda común en el sector durante décadas como forma de ganar clientes. En principio, y según fuentes de la Administración, no hay responsabilidad penal en quien se beneficia del extorno, sino en quien lo ofrece.

Los peritos identifican dos procedimientos de Mutua Universal para beneficiar a sus asociados: facturas que la Mutua pagaba por cuenta de estos y que registraba como gastos propios de su actividad colaboradora en la gestión de la Seguridad Social, y la cesión de personal, cuyo coste asumía.

En el caso de La Rioja, y según la documentación que cita el informe pericial, entre las "condiciones especiales" que Mutua Universal negoció para incorporar al servicio autonómico de Salud a su red figuran la reforma de un centro sanitario, la contratación de un ATS por importe de unos 16.300 euros y la "posibilidad de plantear la contratación por parte de la CAR [la Comunidad Autónoma] de un técnico a tiempo parcial".

"Nosotros [la mutua] pagaríamos por honorarios la diferencia de sueldo entre el tiempo parcial del contrato realizado por la CAR, y el tiempo de dedicación real". El coste, 2,3 millones de pesetas (13.800 euros) al año. "Con motivo de adelantar las gestiones, tal y como hemos hablado telefónicamente, creo que debemos ir mirando cómo podría facturar la cantidad pactada", escribe el director provincial de Mutua en Logroño al Departamento de Gestión de Asociados de la entidad, en una nota fechada en marzo de 2000.

El efecto práctico de la trama era una rebaja de las cotizaciones de sus clientes, con un dinero que no era suyo sino de todos los trabajadores, a través de las cotizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que el Estado les descuenta cada mes.