El futuro de Garoña se decide el próximo viernes

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero apurará el plazo legal para anunciar su veredicto sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña, cuyo permiso de actividad se extingue el domingo 5 de julio. Fuentes próximas al Ejecutivo explican que las negociaciones dentro del propio Gobierno están siendo "muy duras" y que la decisión no está aún tomada. Según las mismas fuentes, el Gobierno comunicará su dictamen tras una última discusión en el Consejo de Ministros del 3 de julio que se adivina crispada. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, apoya la prórroga de la central burgalesa, y otros miembros de la Administración apoyan a Sebastián en su defensa de Garoña. El principal argumento manejado por los ministros proatómicos es el caso de la central estadounidense de Oyster Creek. La Administración de Barack Obama en EEUU acaba de prorrogar por otros 20 años la licencia de esta instalación, abierta en 1969 y con un reactor considerado un hermano gemelo del de Garoña.

Sin embargo, Zapatero, "el más antinuclear del Gobierno", según sus propias palabras, parece decidido a cerrar la planta el próximo domingo o, como mucho, prorrogarla a 2011. El cerrojazo sería un golpe de efecto para movilizar al electorado antinuclear de cara a las elecciones de 2012, aunque levantaría en armas a las organizaciones empresariales y a algunos sindicatos, como UGT.

La negociación está siendo "muy dura", dicen fuentes cercanas al Gobierno

El CSN, supervisor del sector en España, no se lo ha puesto fácil a Zapatero para sostener el cierre ante los ministros pronucleares. El miércoles, el organismo regulador presentó a petición del Ministerio de Industria las condiciones de seguridad exigibles a la central en diferentes escenarios: el cierre en 2011, en 2013 y en 2015, cuando ya había apoyado prorrogar la vida de la central 10 años más. En el nuevo documento, el CSN aclaraba que "la central puede continuar operando, aun sin realizar las modificaciones propuestas en el informe, en condiciones adecuadas de seguridad, como lo ha venido haciendo hasta ahora". Para el comité de empresa de Nuclenor, la compañía propietaria de Garoña, el informe del juez atómico "despeja cualquier duda que Zapatero pudiera haber tenido hasta ahora para mantener Garoña hasta 2019". Los trabajadores de la planta se escudan en que el presidente afirmó el miércoles en el Congreso que en su decisión primará "la seguridad", y el CSN es el único organismo autorizado para juzgar las garantías de funcionamiento de una instalación nuclear.

Los empleados de la central acudirán hoy a Moncloa para pedir la prórroga

El comité de empresa aseguró este jueves en un comunicado que presentará 1.000 querellas, una por cada trabajador, contra el Gobierno por prevaricación, ya que el PSOE prometió en su programa cerrar las centrales "al final de su vida útil", y porque el CSN ha dejado claro que la vida útil de la planta, inaugurada en 1971, termina como pronto en 2019.

Unos 40 colectivos antinucleares se manifestaron ayer en Bilbao

Los empleados de Garoña se plantarán este mediodía en la Moncloa para intentar ser recibidos por Zapatero y trasladarle el lema que han coreado en manifestaciones desde que el Gobierno coquetea con el cierre: "Garoña es segura, ¡continuidad!". Las organizaciones antinucleares también han llevado su campaña a las calles. Unos 40 colectivos desfilaron por Bilbao para exigir a Zapatero que "anuncie ya" la clausura de la central. "El poder político debe imponerse, sin dudarlo, en defensa del interés general, a la codicia de las eléctricas", proclamó el director ejecutivo de Greenpeace, Juan López de Uralde.